Kinshasa «aprueba» el informe de la ONU sobre los abusos en el este de la RDC

El Gobierno la República Democrática del Congo (RDC) ha «aprobado» el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los abusos cometidos en el este del país entre 1993 y 2003, en el que se denuncian ataques sistemáticos y generalizados «que podrían constituir crímenes de genocidio», y ha anunciado que ya ha remitido al Tribunal Penal Internacional (TPI) los crímenes cometidos después de julio de 2002.

Kinshasa «aprueba el informe de Naciones Unidas sobre las más graves violaciones de los Derechos Humanos cometidos en la República Democrática del Congo entre 1993 y el 2003 y pide a la ONU que haga justicia con las víctimas», declaró el ministro de Justicia, Luzolo Bambi, citado por Radio Okapi, emisora congoleña vinculada a la misión de Naciones Unidas (MONUSCO).

El ministro aseguró que está dispuesto a discutir la creación de jurisdicciones especiales para procesar a los criminales y anunció que Kinshasa ya se ha dirigido al TPI para remitir los crímenes cometidos después de julio de 2002, ya que ese tribunal es competente solamente a partir de esa fecha.

El ministro únicamente ha lamentado que los autores del informe no utilizaran fuentes gubernamentales, en particular algunos documentos custodiados por el gobierno de Kinshasa sobre varias masacres. También lamentó que se no se hubiera precisado que miles de refugiados hutus ruandeses huidos del genocidio de 1994 se habían refugiado en Congo a petición de la comunidad internacional.

EL INFORME

El informe describe las violaciones de Derechos Humanos cometidas en la RDC entre marzo de 1993 y junio de 2003. El documento es el resultado de las investigaciones efectuadas sobre el terreno por alrededor de veinte profesionales congoleños e internacional durante 12 meses. Analiza 617 incidentes y aporta detalles de los casos más graves de masacres, violencias sexuales, ataques contra niños y otros abusos cometidos por una serie de actores armados: tropas extranjeras, grupos rebeldes y fuerzas gubernamentales.

El informe acusa de forma muy particular a las fuerzas del presidente ruandés, Paul Kagame, a las que se responsabiliza de «ataques sistemáticos y generalizados que podrían constituir crímenes de genocidio» contra los hutus refugiados en el este de la República Democrática del Congo entre 1993 y 2003.

El informe, presentado el pasado 1 de octubre –y que presentaba algunas modificaciones poco importantes respecto al borrador filtrado en agosto a la prensa francesa–, ha causado indignación en Kagame, que lo ha calificado de «chapucero y vergonzoso» e incluso ha llegado a amenazar con retirar a sus 3.500 efectivos de la fuerza de paz de la ONU en Darfur y Sur de Sudán.

El documento asegura que las mujeres y los niños fueron las principales víctimas de los abusos y dedica varios capítulos concretos a los crímenes de violencia sexual contra mujeres y niñas, a la violencia contra los niños y a la relación entre la explotación de los recursos naturales y los crímenes.

Asimismo, concluye que la mayoría de los crímenes documentados podrían ser calificados de crímenes contra la Humanidad y de guerra y se plantea si algunos de los abusos cometidos entre 1996 y 1997 por el Ejército ruandés y las milicias rebeldes zaireñas del futuro presidente congoleño Laurent-Désiré Kabila, la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo (AFDL), contra refugiados ruandeses hutu y ciudadanos congoleños hutu pueden ser calificados como «genocidio», una decisión que correspondería tomar a «un tribunal competente».

El informe cubre fundamentalmente dos periodos, comprendidos sobre todo entre 1996 y 1998: la invasión del entonces Zaire por parte del Ejército Patriótico Ruandés en 1996 para perseguir –con el apoyo de AFDL– a los milicianos hutus huidos del país tras el genocidio de 1994, y la segunda invasión ruandesa de 1998 en la recién denominada República Democrática del Congo, efectuada en el marco de la llamada ‘Primera Guerra Mundial Africana’.

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