Las autoridades burundesas deben investigar las acusaciones que apuntan a que personal de seguridad del Gobierno torturó a doce políticos de la oposición durante las recientes elecciones celebradas en ese país, subrayó ayer Amnistía Internacional.
El informe elaborado por la organización pro Derechos Humanos «Step Backwards» detalla cómo se desarrollaron dichas torturas, la forma en la que los individuos fueron golpeados, en ocasiones con bates, por todo el cuerpo y cómo algunos de ellos llegaron a recibir, además, amenazas de muerte.
En uno de esos casos, recuerda AI, los torturadores cortaron parte de la oreja de uno de los detenidos mientras éstos eran retenidos en la sede de los Servicios de Inteligencia de Burundi (SNR) en Bujumbura, entre el 23 de junio y el 5 de julio.
«Las acusaciones de tortura en Burundi han decrecido en los últimos años y su reaparición es un preocupante paso hacia atrás», lamentó hoy Erwin van der Borght, director del programa de Amnistía para África.
Van der Borght dijo que sería «inaceptable» si «miembros de los servicios de seguridad del Gobierno se salen con la suya con este tipo de actos atroces y, si la investigación confirma que esos individuos han cometido crímenes, deberían ser procesados».
Las doce personas torturadas fueron arrestadas y la mayoría acusadas de delitos relacionados con la seguridad, en conexión con una serie de ataques con granadas, muchos de los cuales parecían apuntar al partido en el poder.
Los torturados eran miembros de la oposición, según recuerda AI, y algunos ocupaban posiciones de liderazgo dentro de sus grupos políticos.
Los Servicios de Inteligencia de Burundi (SNR) han negado dichas acusaciones y un asesor legar del SNR explicó a Amnistía que cualquier marca encontrada en los cuerpos de esos individuos fue producto del forcejeo producido en el momento de las detenciones.
No obstante, AI insiste en que la explicación del SNR es «inconsistente» con los hechos documentados en el citado informe.
Las autoridades burundesas todavía no han abierto una investigación, algo que viola su obligación según las leyes nacionales e internacionales.
Por ello, AI instó al presidente Pierre Nkurunziza a «condenar públicamente la tortura y declarar que cualquier orden o consentimiento de ésta, incluidos a los agentes del SNR, será procesada sin tener en cuanta el rango (del torturador)».
