El Tribunal de Casación francés ha aceptado que la organización Transparencia Internacional Francia se constituya como parte civil con el fin de que se pueda llevar a cabo una investigación sobre el patrimonio que tienen en este país tres presidentes africanos, uno de ellos fallecido, y que habría sido adquirido de forma indebida.
La decisión de la más alta instancia judicial penal del país es inédita puesto que hasta ahora la Justicia gala consideraba que las asociaciones de lucha contra la corrupción no podían argumentar un perjuicio personal en este tipo de casos, informan los medios franceses.
Transparencia Internacional Francia había presentado en marzo de 2007 una denuncia contra las condiciones de adquisición de un importante patrimonio en Francia por parte de los presidente de Congo, Denis Sassou Nguesso, Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, y el fallecido presidente de Gabón Omar Bongo, así como algunos de sus familiares.
Según esta ONG, el patrimonio inmobiliario de estos tres jefes de Estado en Francia ascendería a 160 millones de euros. Al término de una investigación en profundidad, la Fiscalía había archivado el caso, pero Transparencia Internacional presentó una segunda denuncia, igualmente archivada.
Finalmente, solicitó ser considerada parte civil, procedimiento que permite evitar a la Fiscalía y acudir directamente ante un juez de instrucción. Tras el respaldo inicial a este paso por parte de un magistrado, la Fiscalía había apelado y el Tribunal de Apelación de París le había dado la razón en octubre de 2009. Entonces, la ONG presentó su último recurso, que hoy aceptó el Tribunal de Casación.
Transparencia Internacional se felicitó del «avance jurídico considerable» que supone el veredicto de este martes. En un comunicado junto con la asociación Sherpa, destaca que «por primera vez en Francia, la acción ante la justicia de una asociación de lucha contra la corrupción en nombre de los intereses que ésta se ha dado a defender es admitida».
Así pues, ahora deberá ponerse en marcha una investigación judicial y el caso pasará a manos de un juez de instrucción. «Corresponderá a este último determinar en qué condiciones fue adquirido el patrimonio señalado» de estos mandatarios africanos, destaca la organización, incidiendo en que con ello también se conocerá el papel de «varios intermediarios».
