El TS revisa este jueves la condena impuesta a dos ex militares y un guardia civil por extorsionar al hijo de Obiang

El Tribunal Supremo celebrará este jueves una vista pública para revisar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que condenó un guardia civil y a dos ex militares por extorsionar a varias personas a través de una empresa de seguridad que habían constituido. Entre los extorsionados se encontraba un hijo de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, que se alojaba en Ibiza.

La sentencia que dicte el Supremo, y cuyo ponente será el magistrado Julián Sánchez Melgar, revisará la condena a dos años y un mes de prisión impuesta el pasado mes de marzo a Francisco Javier Gómez Campillo, quien en 2000 era miembro de la benemérita, por los delitos de amenazas, extorsión, descubrimiento y revelación de secretos y realización de actividad profesional por parte de funcionario público al servicio de particulares en asuntos relativos a su propia oficina.

El resto de componentes de la trama de extorsión, los ex militares Pablo Codesido y Miguel Segovia, fueron penados con un año y nueve meses de prisión por los mismos delitos que Gómez Campillo excepto el último señalado anteriormente.

Con relación al hijo de Obiang, el relato de hechos probados de la sentencia señala que a principios del mes de agosto de 2000 los acusados se dirigieron a la vivienda en la que éste, ministro de Bosques de Guinea Ecuatorial, estaba alojado en el municipio de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza. Allí le ofrecieron su servicio de seguridad, que fue rechazado.

Tras ello, Codesido se entrevistó con un miembro del séquito del ministro ecuatoriano, a quien reclamó la entrega de un millón y medio de pesetas para cada uno de los tres acusados. Si se negaban a contratarles, según les dijo, «harían llegar a los medios de comunicación grabaciones y fotos comprometedoras del ministro». No consiguieron este pago.

Otras víctimas de la trama fueron clientes de la aseguradora Whintertur, con las que contactaron cuando l empresa de seguridad que regentaban fue contratada por un perito de la compañía para que investigasen la veracidad de determinados siniestros. A éstos también les extorsionaron, utilizando información que la Guardia Civil disponía sobre ellos en relación con la denuncia de determinados delitos, para que renunciaran pedir dinero a la aseguradora.

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