El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, de 86 años y en el poder desde la independencia del país del Reino Unido en 1980, ha sido designado de nuevo por su partido como candidato a la Jefatura del Estado en las próximas elecciones en 2011.
En un comunicado difundido tras la clausura de la Conferencia de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriotico (ZANU-PF), en la ciudad oriental de Mutare, se señala que los asistentes «unánimemente han elegido al presidente como candidato presidencial para las próximas elecciones generales».
La nota indica que las elecciones se celebrarán al «expirar el Acuerdo Político Global», por el que se formó el Gobierno de unidad entre la ZANU-PF y el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), del primer ministro, Morgan Tsvangirai, que tiene mayoría parlamentaria.
La nota señala que serán «armonizadas» (generales: presidenciales, legislativas y locales) y «sin falta en 2011», pero no precisa la fecha.
Previamente, en el cierre de la Conferencia, ante unos 4.000 delegados enfervorizados, Mugabe dijo que la ZANU-PF «es un tren rápido» y prometió «aplastar» a sus rivales políticos en los comicios.
En está conferencia, Mugabe ha reiterado que el Gobierno de unidad que mantiene desde febrero de 2009 con su rival político, el primer ministro Tsvangirai, y su partido, el MDC, «esta acabado».
Ayer, en la apertura de la Conferencia, Mugabe propugnó unas elecciones generales, y no sólo presidenciales, como defiende el MDC, para acabar con el Gobierno de unidad.
Las elecciones, según el Acuerdo Político Global que propició la formación del Gobierno de unidad en febrero de 2009, se debían celebrar una vez aprobada en referéndum una nueva Constitución, pero la ZANU-PF ha boicoteado el proceso para su redacción.
También ha clamado «venganza» en la conferencia contra las sanciones a que están sometidos él y sus allegados por los países occidentales y amenazó con confiscar las empresas británicas y estadounidenses que trabajan en su país.
El gobernante zimbabuense señaló que todas las empresas de capital británico y estadounidense, incluidas las dedicada a la extracción de oro, platino y otros minerales, podrían ser confiscadas en su totalidad.
La actual Ley de «indigenización» de Zimbabue ya señala que todas las empresas registradas en el país con un capital mayor de 500.000 dólares deben entregar un 51 por ciento de su capital a negros zimbabuenses, lo que ha sido un motivo para que la inversión extranjera se haya retraído en el país.
Desde 2002, Estados Unidos, el Reino Unido y el resto de los países de la UE tienen sometidos a sanciones individuales a Mugabe y a unas doscientas personas y empresas de su entorno político y familiar, acusadas de utilizar el poder para enriquecerse de forma ilícita y cometer graves violaciones de los Derechos Humanos.
Aunque las sanciones son personales y no al país, Mugabe ha insistido en que son la causa de la grave crisis política, económica y social que afecta a Zimbabue y que llegó a su clímax en 2009, tras las violentas elecciones de 2008.
