Amnistía Internacional ha considerado que, si bien las fuerzas de seguridad marroquíes no tenían intención de emplear la fuerza excesiva en el desalojo del campamento de refugiados de Gdeim Izik el pasado 8 de noviembre, los asaltos cometidos contra «saharauis que no suponían amenaza alguna» contribuyeron a escalar la violencia en el Sáhara Occidental, en particular en El Aaiún, donde la Policía llegó a emplear munición real para dispersar a los manifestantes.
Sin embargo, en su informe ‘Derechos pisoteados. Protestas, violencia y represión en el Sáhara Occidental’ publicado hoy, la ONG no exime a los saharauis de responsabilidad en el incidente, y denuncia que las acciones de algunos manifestantes saharauis «al atacar de manera presuntamente deliberada» a las fuerzas marroquíes, en actos de «violencia planeada», también hicieron su parte a la hora de incrementar la tensión.
«Es posible que las fuerzas de seguridad marroquíes no tuvieran la intención de recurrir al uso excesivo de la fuerza a la hora de desmantelar el campo y dispersar a los manifestantes», apunta la ONG, «pero en la práctica, algunos agentes agredieron a saharauis que no suponían amenaza alguna, lo que podría haber contribuido a nuevos actos de violencia».
No obstante, AI asegura que las acciones de los manifestantes saharauis el pasado 8 de noviembre incluyen «los asesinatos de los miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes en ataques aparentemente deliberados». Actos, según la ONG, que daban credibilidad a las preocupaciones de las autoridades marroquíes sobre posibles actos de violencia planeada por algunos de los residentes del campamento.
Amnistía Internacional contradice explícitamente al ministro de Interior marroquí, Taieb Cherkaoui, quien aseguró que «no se había disparado un solo tiro» el 8 de noviembre. La ONG cita testigos en su informe que no sólo han visto como los saharauis recibían el impacto de balas de goma, sino de munición real en los disturbios de la capital. Entre los agredidos no sólo se encuentran «saharauis que los marroquíes hubieran podido interpretar como amenazas, sino transeúntes no involucrados en los disturbios», entre ellos dos mujeres.
Así se expresa la ONG en su informe, en el que asegura que los actos de violencia desencadenados el pasado 8 de noviembre en el campamento y en la capital del Sáhara Occidental se enmarcan en un largo enfrentamiento entre Marruecos y el Frente Polisario. En este sentido, la ONG recomienda que se conceda a la actual presencia de la ONU en el territorio, la MINURSO, competencias para la supervisión y defensa de los Derechos Humanos en la región.
«ESCASA TOLERANCIA» DE RABAT
Una lucha, asegura Amnistía, que se caracteriza por la «escasa tolerancia» demostrada por las autoridades marroquíes contra aquellos que se expresan abiertamente a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental, donde el trabajo de los defensores de los DDHH se ve «obstaculizado» y limitado por «abusos, vigilancia, limitaciones de la libertad de movimiento, y persecuciones motivadas políticamente».
AI destaca además que, frente a los cerca de 200 saharauis detenidos en su momento, ningún miembro de las fuerzas de seguridad marroquíes ha sido acusado formalmente por estos actos de violencia perpetrados en el campamento, en El Aaiún y contra los detenidos. Para AI, que recuerda que Marruecos promulgó hace cuatro años una ley contra la tortura, «el largo patrón de impunidades» exhibido por el reino alauí «permanece inalterado».
