El PP volverá a pedir explicaciones al Gobierno este miércoles en el Congreso sobre las supuestas irregularidades cometidas en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) autorizados por la Junta de Andalucía y esta vez ya podrá interrogar directamente al vicepresidente tercero y ex presidente andaluz, Manuel Chaves, al que no pudieron pedir cuentas la semana pasada porque no acudió al Pleno de control.
El primer partido de la oposición había formulado tres preguntas sobre este tema: dos dirigidas a Chaves y una tercera que tiene como destinatario al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien ya contestó a una cuestión sobre el asunto el pasado miércoles.
Sin embargo, el Gobierno ha comunicado que Chaves contestará sólo a una de las preguntas que le había dirigido el PP, concretamente la formulada por diputada Fátima Báñez para que el vicepresidente detallase las medidas que piensa adoptar su departamento «frente a los reiterados incumplimientos de la legalidad por parte de la Junta de Andalucía».
La segunda, firmada por el diputado andaluz Ricardo Tarno, quien le pedía aclaraciones sobre si considera que la Administración General del Estado aplicó los controles necesarios sobre los ERE financiados con fondos públicos por la Administración andaluza, ha sido desviada al ministro de Trabajo pese a que Chaves era presidente de la Junta cuando supuestamente se produjeron las irregularidades.
Según el PP, este cambio de destinatario decidido por el Gobierno refleja que «Chaves no se atreve dar la cara» sobre los EREs andaluces, algo que en su opinión denota que hay algo detrás porque «sólo quien tiene algo que esconder» elude explicaciones al Parlamento.
Además, el responsable de Trabajo contestará a la que ya estaba dirigida a él y que le formulará el ‘popular’ Juan Manuel Moreno Bonilla sobre los controles de inspección que este departamento debería de haber realizado sobre dichos expedientes.
El PP ya denunció el pasado jueves públicamente –por voz de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, y del candidato a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido– la inacción de Trabajo, afeándole que no realizase «las inspecciones» necesarias e instándole a asumir sus responsabilidades y explicar por qué «fallaron los mecanismos de control».
CERRAR EL PSOE ANDALUZ
Esta batería de preguntas se enmarca en la estrategia ya apuntada por los ‘populares’ para «depurar responsabilidades» en este caso y ha pedido cinco comparecencias en sede parlamentaria. En concreto, quieren que acudan a la Cámara los vicepresidentes segundo y tercero del Gobierno, Elena Salgado y Manuel Chaves; el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez; y los presidentes de Mercasa, Ignacio Cruz, y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ignacio Ruiz Jarabo.
El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, considera que este asunto es «cada vez más preocupante» y ha reclamado que se exija el cumplimiento de la ley «a todo el mundo». Haciéndose eco del caso del restaurante de Marbella (Málaga) que ha sido cerrado por incumplir la prohibición de fumar, se ha preguntado si «lo que habría que hacer sería cerrar el PSOE de Andalucía».
COMPRA DE VOTOS EN MELILLA
Por otro lado, el PP ha registrado otra pregunta para esta sesión de control, con la esperanza de que el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, explique si «conoció de las presuntas irregularidades cometidas por altos dirigentes del PSOE de Melilla en la gestión del voto por correo de las pasadas elecciones generales».
Ayllón ha recordado que en este caso están «imputados» varios dirigentes del PSOE y de Coalición por Melilla que presuntamente ofrecieron puestos de trabajo a cambio de votos. «Esto es como el caso de los EREs de la Junta, pero al revés», ha agregado el dirigente ‘popular’, que considera «gravísimos» ambos asuntos.
