Las cerca de 200.000 mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual como arma de guerra durante los últimos 12 años de conflicto en la República Democrática del Congo deben recibir una indemnización, además de servicios médicos y psicológicos para superar el trauma y los daños sufridos.
Así lo recomendó este jueves un informe del panel de alto nivel nombrado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, para analizar la situación de estas mujeres.
Tras una visita de 17 días a la República Democrática del Congo para escuchar los testimonios de las víctimas, los expertos del panel afirmaron que las vidas de estas mujeres quedaron destruidas, ya que, además de los perjuicios inmediatos, la mayoría sufre estigmatización y marginación en sus familias y comunidades.
Pillay resaltó que, «a menudo, las víctimas son abandonadas a afrontar el daño de consecuencias dramáticas en lo físico, psicológico y material, que no sólo destruyen sus vidas, sino también las de sus hijos».
«Esto crea un daño irreparable al corazón de las sociedades y constituye una grave amenaza a las perspectivas de reconciliación, paz y desarrollo sostenible», apostilló.
El panel de expertos subraya que la mayor parte de las agresiones sexuales son cometidas por militares y militantes de los grupos rebeldes, aunque también han documentado algunas perpetradas por civiles.
Además, destaca que estas actuaciones se cometieron con mujeres y niñas «de cualquier edad» y que los responsables continúan libres o prófugos y ellas no han recibido ningún tipo de reparación, en los pocos casos en que las víctimas se han presentado ante los tribunales y han recibido veredictos favorables.
En este sentido, los expertos recomiendan crear un fondo para indemnizaciones administrado por representantes del Gobierno congoleño, la ONU, los donantes, la sociedad civil y las víctimas.
