El secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, ha anunciado que el pasado 14 de marzo se «volvió a solicitar» a Interpol la extradición del general ruandés Faustin Kayumba Nyamwasa, reclamado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa que investiga el genocidio de más de cuatro millones de ruandeses. Las autoridades localizaron a Kayumba Nyamwasa en un hospital de Johannesburgo después de que resultara herido en un tiroteo ocurrido el pasado junio en la ciudad sudafricana.
Así se ha expresado Camacho en la Comisión de Interior celebrada este lunes en la Cámara Alta, en respuesta a una pregunta del senador del Partido Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista, Pere Sampol, sobre las acciones que prevé emprender el departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba para cumplir la orden de arresto de 40 altos cargos del Frente Patriótico Ruandés dictada por el magistrado Fernando Andreu.
A este respecto, el ‘número dos’ de Interior ha expresado la colaboración del Gobierno español con la Justicia y ha añadido que las autoridades españolas están a la espera de conocer la situación del jefe militar ruandés con vistas a su «extradición definitiva». «La competencia del Ministerio del Interior termina donde terminan las fronteras de España», ha indicado, para remarcar que su departamento ha hecho todo lo que está en su mano.
«Estamos hablando de Ruanda pero hubo un caso muy conocido a finales de los 90 de un jefe de Estado de un país hispanoamericano bastante conocido y aqui había una causa judicial y hubo que esperar a que viajara a un tercer país que lo puso en conocimiento del juzgado español», ha señalado, para destacar que el Gobierno «no ha dejado de hacer todas y cada una» de las actuaciones encaminadas a ejecutar el contenido del auto de Andreu.
Así, ha explicado que el único procesado localizado tras la emisión de las órdenes de detención internacional ha sido Faustin Kayumba Nyamwasa que «ha sido detenido en Sudáfrica». Según ha dicho, Interpol no aceptó en un primer momento la solicitud de extradición respondiendo a la reclamación de Ruanda que argumentaba que los estatutos de esta institución recogen que no debe entrar en «hechos de naturaleza política, religiosa, militar o racial».
Tras «numerosas argumentaciones y réplicas constantes», Camacho ha añadido que se logró avanzar en la detención del alto cargo de la antigua guerrilla del Frente Patriótico Ruandés (FPR), hasta que Interpol informó el 16 de marzo de 2010 de que Kayumba Nyamwasa entró en suelo sudafricano «procedente de Kenia y provisto de pasaporte diplomático». Ante ello, el Consejo de Ministros acordó el pasado septiembre la solicitud de extradición del procesado.
Por su parte, el senador por Baleares, Pere Sampol, ha emplazado al Gobierno a comprometerse a «hacer lo posible para detener a estos auténticos genocidas y asesinos» al tiempo que ha mostrado su perplejidad porque no se proceda al «inmediato» arresto de algunos procesados a pesar de que el juez les haya identificado en puestos de responsabilidad en Naciones Unidas, la India o Estados Unidos.
Sampol planteó hace dos semanas sus quejas al Gobierno español por el hecho de que no se haya tramitado la comisión rogatoria por la que solicita a la ONU tres informes que incriminan, según el, al actual presidente de Ruanda, Paul Kagame. La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez emplazó entonces a dejar trabajar a los jueces que llevan el caso.
NUEVE VICTIMAS ESPAÑOLAS
El juez Andreu procesó en febrero de 2008 a 40 altos cargos del Gobierno ruandés por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. Andreu acusa a los procesados, contra los que ha dictado órdenes de detención internacional, de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de terror contra la población civil en el país africano.
El presidente ruandés Paul Kagame no fue procesado porque como jefe de Estado tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución. A pesar de ello, el magistrado destacó en su auto que existen «indicios racionales de criminalidad» en su contra como responsable del Ejército ruandés después de que un testigo, que integraba un grupo de once militares encargados de su la protección del presidente, le acusara de ametrallar a entre 30 y 40 civiles.
En su auto de procesamiento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 indicaba que en la década de los 90 más de cuatro millones de ruandeses fueron asesinados o desaparecieron «en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas». Esta estrategia culminó con la invasión y conquista de la República Democrática del Congo. Las víctimas –dice el magistrado– eran su mayoría refugiados hutus ruandeses y población civil congoleña, también de la misma etnia.
Entre las víctimas del genocidio se encuentran nueve españoles, víctimas de las matanzas que se prolongaron desde 1994 hasta el año 2000, de los cuales seis eran religiosos y el resto trabajaba para la ONG Médicos del Mundo. Todos ellos murieron a manos de miembros de la organización político-militar Ejército Patriótico Ruandés/Frente Patriótico Ruandés.
