Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes que las autoridades de Kuwati han incumplido desde hace décadas sus promesas de regularizar la ciudadanía de los más de 106.000 residentes apátridas (‘bidún’), a quienes se niega el derecho a obtener certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, así como a acceder a las escuelas públicas gratuitas y a trabajar en condiciones legales.
«Kuwait, una de las naciones más ricas del mundo, obliga a los bidún a vivir fuera del ámbito de la sociedad normal, en situación vulnerable y sin protección», afirmó HRW con motivo de la publicación de un nuevo informe. Muchos de estos apátridas, a quienes se considera «residentes ilegales», viven en condiciones de pobreza y sin derechos ciudadanos, agregó.
«Al igual que el resto del mundo árabe, los bidún están hartos y exigen reformas que el Gobierno debió haber realizado hace años», indicó la directora para Oriente Próximo de Human Rights Watch, Sarah Leah Whitson. «El Gobierno respondió a los manifestantes pacíficos con promesas de reforma, pero debe ir más allá y abordar sus reclamaciones de ciudadanía», añadió.
En febrero y marzo de 2011, cientos de bidún se concentraron para protestar contra la falta de respuesta del Gobierno a sus solicitudes para conseguir la ciudadanía. El Ejecutivo sí ha prometido algunos beneficios nuevos, incluidos los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, atención a la salud gratuita, y un mejor acceso a empleos.
«Si estos pasos se implementasen resultarían positivos», afirmó Human Rights Watch. «Pero la causa raíz de su estado, sus reclamaciones de ciudadanía, no cambiaría», agregó.
APATRIDAS
Los apátridas han existido en Kuwait desde su independencia, en 1961. Tras un periodo de registro inicial, las autoridades trasladaron las solicitudes de ciudadanía de los bidún a una serie de comités que no han resuelto las reclamaciones pero sí han contribuido a mantener una única autoridad para determinar el acceso de los bidún a la documentación civil y a los servicios sociales. La ley kuwaití prohíbe a los tribunales dictaminar sentencias en casos de reclamación de ciudadanía.
Desde mediados de los años ochenta, el Gobierno ha afirmado que la gran mayoría de los bidún son «residentes ilegales». Los bidún no registrados, a los cuales las autoridades les han denegado sus solicitudes para la ciudadanía o a quienes se ha negado su inclusión en el registro, son aún más vulnerables, ya que se enfrentan a restricciones en su libertad de movimiento, al miedo constante a ser deportados y a la falta de acceso a beneficios gubernamentales de que sí gozan otros bidún.
El Derecho Internacional, según HRW, prohíbe la privación de la nacionalidad de forma arbitraria y requiere que los Estados consideren los «vínculos genuinos y vigentes» de los solicitantes con el país de acogida a la hora de evaluar las reclamaciones de nacionalidad, incluidos los lazos sociales, culturales, y económicos establecidos con el paso del tiempo.
El Gobierno kuwaití debería crear un mecanismo oportuno y transparente que revisase las reclamaciones de nacionalidad de los bidún, incorporando estándares de Derechos Humanos internacionales, indicó Human Rights Watch. El proceso debe tener en cuenta lazos que por largo tiempo han establecido los bidún con Kuwait, y debe incluir la posibilidad de la revisión judicial, agregó.
