El Gobierno de Libia calcula que la guerra civil desatada el pasado febrero ha tenido un coste aproximado para sus arcas de 50.000 millones de dólares (35.000 millones de euros). El ministro de Planificación y Finanzas, Abdulhafid Zlitni, define este gasto como «colosal», y admite que la suspensión de las exportaciones de gas y petróleo tiene buena parte de la culpa.
«La pérdida de ingresos debida a la paralización de la exportación de petróleo es de unos 20.000 millones de dólares», o 14 millardos en euros, relata el ministro, entrevistado este miércoles por la CNN.
Los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a que en 2010 la economía libia crecía a un ritmo del 10,3 por ciento. En un informe del 15 de febrero, el órgano ejecutivo del FMI concluyó que «el pronóstico de la economía libia continúa siendo favorable». Dos días después comenzaron en Benghazi las protestas contra el mandatario, Muamar Gadafi, que se acabaron extendiendo por todo el país y a las que el régimen respondió con represión.
Zlitni señala que hasta entonces el principal objetivo de las políticas económicas del Gobierno era reducir la dependencia de sus recursos energéticos.
La guerra llevó a la huida del elevado número de empleados extranjeros que contribuían al desarrollo de infraestructuras, proyectos inmobiliarios y telecomunicaciones en suelo libio. Muchos ingenieros, albañiles y trabajadores del petróleo procedentes de China, Turquía, Egipto y Filipinas cruzaron a pie la frontera con Túnez.
«La paralización de estos proyectos pudo sentirse en la economía, particularmente en los sectores de la construcción, los transportes y la comunicación», señala el ministro.
El Ejecutivo de Gadafi se enfrenta por otro lado a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Las autoridades anunciaron esta semana que el Ministerio de Comercio Exterior está interviniendo los precios de bienes básicos para controlar la inflación. Zlitni argumenta que «en una situación de crisis como esta los comerciantes tienden a aprovecharse más de lo que deberían». Básicamente, el plan público se basa en ofrecer subsidios, cada vez más difíciles de ofrecer pues comportan el gasto de «una gran cantidad de fondos».
«Esto no debería prolongarse. De lo contrario nos estaremos comiendo la grasa y la carne, y muy pronto llegaremos a los huesos», comparó el titular de Finanzas, sobre quien pesa una prohibición de viajar al exterior dictada en junio por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Zlitni aprovechó para reafirmar el rechazo libio a las propuestas de entregar a los rebeldes los fondos del Gobierno congelados por la comunidad internacional. «Va en contra de las leyes internacionales (…) Si congelas fondos de cualquier país a través de la acción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entonces no puedes confiscarlos. Los bancos tienen obligaciones legales», relata, y amenaza con denunciar a Estados Unidos si da este paso.
