Amnistía Internacional (AI) acusó este jueves a las fuerzas de seguridad de Costa de Marfil y a los paramilitares respaldados por el Gobierno de Alassane Ouattara de estar creando un «clima de temor», mediante homicidios y ataques por motivos étnicos, que impide el regreso a sus hogares a los cientos de miles de personas que se vieron desplazadas por la violencia posterior a las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre.
Amnistía Internacional presentó este jueves su informe ‘Queremos regresar a casa, pero no podemos’, en el que denuncia los homicidios y los ataques por motivos étnicos perpetrados por las fuerzas de seguridad gubernamentales (FCRI) y por una milicia compuesta por ‘dozos’ (cazadores tradicionales), que han impedido que la población abandone «la seguridad relativa de los campamentos temporales».
«No puede permitirse que se prolongue el estancamiento que mantiene a más de medio millón de personas fuera de sus casas», declaró el investigador de Amnistía Internacional sobre Africa Occidental, Gaëtan Mootoo. «Las autoridades deben actuar para establecer una cadena de mando clara, y deben desmantelar los grupos milicianos que siguen sembrando el temor entre la población pese al final del conflicto», agregó.
Según el informe de Amnistía Internacional, tras la toma de posesión del presidente Alassane Ouattara, las fuerzas de seguridad gubernamentales y la milicia de los ‘dozos’ «siguieron matando y atacando a personas exclusivamente a causa del grupo étnico al que pertenecían».
Los ‘dozos’ se han centrado en el grupo étnico guéré, al que consideran partidario del ex presidente Laurent Gbagbo. Los jóvenes corren especial peligro, especialmente los de tipo atlético, a quienes se considera probables miembros de grupos de milicia favorables a Gbagbo, advirtió AI.
En el barrio de Carrefour, en Duékoué, donde cientos de civiles fueron asesinados a finales de marzo de 2011, muy pocos guérés se han atrevido a regresar a sus hogares. Los que han regresado han dicho a Amnistía Internacional que los combatientes armados ‘dozos’ recorren frecuentemente en motocicleta arriba y abajo la calle principal del barrio.
En este sentido, el informe de Amnistía Internacional denuncia la «función de seguridad» otorgada a las milicias ‘dozos’ por las FRCI, que han permitido a estos paramilitares levantar controles en las carreteras principales del oeste del país y disuadir así a la gente de regresar a sus casas.
«La libertad con la que actúan los ‘dozos’ indica que sus acciones son toleradas o incluso instigadas por las FCRI», denunció Gaëtan Mootoo. El presidente Ouattara y el primer ministro, Guillaume Soro, deben garantizar «unas fuerzas de seguridad que sean imparciales y que puedan proteger a todos los ciudadanos marfileños, independiente del grupo étnico al que pertenezcan», advirtió.
CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD
El informe recuerda que durante los meses de violencia que siguieron a las controvertidas elecciones presidenciales de Costa de Marfil, las fuerzas leales tanto a Ouattara como a Gbagbo cometieron graves violaciones de Derechos Humanos, incluidos crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra.
Amnistía Internacional concluyó que los mercenarios liberianos y los combatientes de las milicias partidarias de Gbagbo habían sido responsables de la muerte de decenas de simpatizantes o presuntos simpatizantes de Ouattara cuando se retiraron de Abiyán y se dirigieron a Liberia a principios de mayo de 2011. La mayoría de estas personas pertenecían a la comunidad dioula, considerada leal a Alassane Ouattara.
En su informe, la organización reclama al presidente Ouattara que elabore urgentemente un plan general de acción para establecer la seguridad en todo el país, con el fin de que las personas desplazadas y refugiadas puedan retornar sin peligro a sus hogares. Este plan debe incluir la desmovilización y el desarme efectivos de las milicias y otras fuerzas irregulares.
Asimismo, valora positivamente la decisión de la Operación de la Naciones Unidas en Costa de Marfil (UNOCI) de establecer ocho campamentos militares en el oeste del país para poder cumplir mejor su mandato de proteger a la población civil.
