El proceso judicial al exrebelde congolés Thomas Lubanga, acusado de reclutar a niños soldados entre 2002 y 2003 en la República Democrática de Congo, quedó hoy visto para sentencia en la Corte Penal Internacional (CPI), que por primera vez desde su creación hace nueve años ha concluido uno de sus juicios.
Lubanga, de 50 años, afirmó en sus palabras finales no haberse «sentido identificado con los hechos» que se le atribuían y explicó que actuó movido por «un espíritu de reconciliación».
Al término de la vista, los jueces apuntaron que necesitarán un tiempo «razonable» para emitir su fallo, el cual, de seguirse el modelo aplicado en otros tribunales internacionales, podría tardar varios meses.
Los magistrados escucharon hoy los alegatos finales de la defensa del acusado, que puso en tela de juicio la credibilidad de las pruebas presentadas por los fiscales, a los que acusó de haber manipulado «intencionadamente» los testimonios de «falsos niños soldado».
Los representantes legales de Lubanga mantuvieron que 8 de los 9 niños soldado que testificaron durante el juicio llamados por la Fiscalía nunca habían estado alistados en las tropas del acusado y que además mintieron sobre su edad.
El equipo defensor también acusó de «parcialidad» a los fiscales por haber imputado solamente a Lubanga y no a otros máximos responsables, como el presidente congolés, Joseph Kabila, cuyo ejército también está compuesto en gran parte por niños, según los letrados del exmiliciano rebelde.
Por su parte, los fiscales apuntaron en sus argumentos finales que la culpabilidad de Lubanga no daba lugar a «ninguna duda razonable».
En dos años y cuatro meses que ha durado el juicio, los magistrados han escuchado los testimonios de 36 testigos por parte de la Fiscalía y de 24 por la de la defensa.
Los niños soldado que testificaron explicaron el «horror» vivido al tener que luchar en las milicias rebeldes, obligados a matar a conocidos y desconocidos a una edad en la que apenas podían comprender lo que estaban haciendo.
Según la Fiscalía, la vulnerabilidad de estos menores su puso en evidencia con el primer ex niño soldado que declaró ante los jueces, cuyo testimonio tuvo que ser sopesado en varias ocasiones porque el muchacho llegó a decir que una ONG le había presionado para que declarara que había sido reclutado, aunque después se retractó de esta afirmación y aseguró haberse bloqueado.
Ese incidente al inicio del juicio fue interpretado hoy por la defensa como una muestra de la manipulación de los testigos por parte de los fiscales.
El largo proceso contra Lubanga sufrió un vuelco cuando la cámara decidió, en julio de 2010, paralizar el proceso y poner en libertad a Lubanga, argumentando que el fiscal Luis Moreno Ocampo se había negado a cumplir una orden de los jueces en la que se solicitaba identificar a uno de los testigos protegidos de los fiscales.
Esta orden fue anulada en agosto de 2010 por la Cámara de Apelación, que reconoció que la Fiscalía debía cumplir las órdenes de los magistrados, pero que consideró que la medida de paralizar el juicio era desmesurada y podía sustituirse por ejemplo por sanciones a la Fiscalía, con lo que el proceso pudo seguir.
La Fiscalía acusa a Lubanga de reclutar a menores de 15 años de la etnia hema en la región de Ituri (sureste), los cuales, según dijo durante el juicio Ocampo, «tuvieron que empuñar un arma a edades tan tempranas como los nueve años» y, además, se convertían en esclavos sexuales de sus comandantes.
De acuerdo con Human Rights Watch, Ituri, una de las áreas más afectadas por las guerras en la República Democrática de Congo, ha sido escenario de un conflicto armado local entre las etnias hema y lendu, que luchaban por el control de las minas de oro en la zona.
Creada en 2002 como la primera corte internacional de carácter permanente, la CPI basa su funcionamiento en el Estatuto de Roma, que le permite juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, entre ellos genocidio.
