Amnistía Internacional (AI) ha advertido este lunes de que los registros penitenciarios y otros documentos «clave» de cara a un futuro proceso contra Muamar Gadafi corren el riesgo de perderse en Libia ya que los lugares donde se encuentran siguen siendo inseguros y los documentos son destruidos o la gente se los lleva.
Por ello, ha defendido que las autoridades del Consejo Nacional de Transición deben proteger estos datos allí donde se encuentren o recopilarlos en un depósito central para «ponerlos a buen recaudo». Asimismo, el CNT debe «hacer un llamamiento a las personas que se hayan llevado alguno de esos documentos para que los devuelvan lo antes posible a las autoridades».
Según el director de AI, Claudio Cordone, «los registros penitenciarios y otras pruebas materiales pueden ser decisivos para cualquier juicio que pueda celebrarse en el futuro por delitos cometidos durante el régimen del coronel Muamar Gadafi».
«Además, podrían ayudar a arrojar luz sobre la suerte de muchos presos que han ‘desaparecido’ en las cárceles libias en los últimos decenios, entre ellos muchos miles que fueron apresados por fuerzas partidarias de Gadafi desde que comenzó el levantamiento», ha subrayado.
En este sentido, AI ha explicado que cuando su personal visitó la prisión de Abu Salim, en Trípoli, este domingo, encontró documentos diseminados por el suelo del patio de la cárcel, así como en bolsas almacenadas dentro de al menos dos dependencias de la misma.
Entre los documentos que estaban en el suelo había expedientes de casos de presos recluidos por ‘zandaqa’ (herejía), «delito» por el que fueron condenados muchos oponentes al régimen; un documento por el que se ordenaba la expulsión de una mujer somalí que era seropositiva; y el expediente de un libio acusado de ataques terroristas en Irak.
Los investigadores de Amnistía Internacional vieron también cómo algunos visitantes rebuscaban entre los documentos en la prisión de Abu Salim y algunas de estas personas se llevaron consigo expedientes «como recuerdo», a modo de ‘souvenir’, a pesar de las objeciones de los familiares de un hombre que murió en la prisión en junio de 1996, cuando unas 1.200 personas perdieron la vida en la cárcel. No había ningún guardia y nadie parecía estar a cargo del lugar, incide la ONG.
«Los próximos días van a ser decisivos para la conservación de las evidencias halladas en las cárceles, los campos militares e incluso las residencias privadas de ex dirigentes», ha resaltado Cordone.
«No deben escatimarse esfuerzos para garantizar esa conservación a fin de que pueda establecerse la verdad y de que los responsables de los abusos rindan cuentas», ha remachado.
