La Moncloa estaba dirigida entonces por Zapatero, pero fue Mariano Rajoy quien abonó el pago para que soltasen a Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández
15 millones de euros en rescates. Aproximadamente esa es la cantidad que los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy entregaron al islamista Mojtar Belmojtar, ideólogo del secuestro en masa en la planta gasística de In Amenas, por la liberación de cuatro españoles secuestrados en el norte de África.
Explica Carlos Plaza en ‘La Gaceta’ que el presidente Zapatero dio el pistoletazo de salida a lo que se convertiría en el modus operandi de España a la hora de afrontar secuestros de nacionales a manos de integristas islámicos en el Sahel: se pagaría a los terroristas; habría negociación.
El 19 de noviembre de 2009, tres cooperantes catalanes, Albert Vilalta, Roque Pascual y Alícia Gámez eran secuestrados por un grupo de salafistas comandados por Belmokhtar, el Tuerto, entonces uno de los principales dirigentes de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
Tras nueve meses en manos de sus captores, eran liberados, previo pago, Vilalta y Pascual. Era agosto de 2010.
Si bien el Gobierno socialista nunca admitió una contraprestación pecuniaria, los terroristas admitieron en un vídeo que el Ejecutivo había satisfecho «algunas de sus exigencias», y celebraban la actitud de Zapatero y los servicios secretos españoles.
¿Cual fue la cifra que alegró a los islamistas? Ocho millones de euros «desde el comienzo hasta el final» de las negociaciones, reconocía una fuente maliense -presente en los tratos- a la prensa internacional.
Ocho millones que vinieron a reforzar a la rama más rica de Al Qaeda, y cuyo principal negocio son los secuestros.
Belmojtar interpretó el pago de Madrid como una carta blanca para secuestrar españoles. Aprendió la lección: España paga.
Tras su expulsión de AQMI por «comportamiento díscolo», el Tuerto optó por fundar un nuevo grupo terrorista.
Así nació, a mediados de 2011, el Movimiento para la Unicidad de la Yihad en África Occidental (MUYAO), formado sobre todo por mauritanos y malienses. Una de sus primeras acciones fue secuestrar a dos españoles: Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández, voluntarios en un campo de refugiados de Tinduf, en el Sáhara Occidental.
La Moncloa estaba dirigida entonces por Zapatero, pero fue Mariano Rajoy quien abonó el pago, ya como nuevo presidente.
El popular, que meses antes había criticado la claudicación de Zapatero ante el terrorismo internacional, cuando hubo de vérselas con Belmokhtar optó por continuar la senda Zapatero.
Pagó a tocateja 7,5 millones de euros por la liberación de Gonyalons y Fernández, tal y como reconoció el propio MUYAO, que inicialmente había pedido el doble. Aquel 17 de julio de 2012 Belmokhtar había recibido ya 15,5 millones de euros de los gobiernos de España.
Tan sólo medio año después, el pasado 16 de enero el Tuerto iniciaba su proyecto más ambicioso: el secuestro de más de 800 trabajadores de la planta gasística de In Amenas.
La operación se ha saldado con decenas de civiles ejecutados, e incluso ha llegado a ser calificada de «acto de guerra» por el ministro de defensa galo, Jean-Yves Le Drian.
El armamento de guerra incautado tras el abatir al último yihadista ha sido abundantísimo.
