LA RUINA DE BICIMAD

Carmena pedalea con demagogia y no irá a la comisión de investigación de Bicimad

La alcaldesa no quiere prestar su testimonio y argumenta por carta que no guarda relación alguna con sus competencias

Carmena pedalea con demagogia y no irá a la comisión de investigación de Bicimad
Carmena y Bicimad

La alcaldesa de Madrid no va a asistir a la comisión de investigación de Bicimad. Ciudadanos había solicitado su comparecencia, pero el 5 de noviembre de 2018, Manuela Carmena envió una carta al secretario general del Pleno y sus Comisiones, Federico Andrés López de la Riva, informando de que se niega a acudir.— El Ayuntamiento de Carmena hace perder a los madrileños 5.000 euros al día con su Bicimad–

Carmena señala que, además, la valoración económica se encuentra sometida al dictamen de un perito judicial en la causa que se instruye en paralelo en el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid.

El 21 de diciembre de 2016, la firma de la regidora figuraba junto a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, para autorizar y disponer el gasto de 10,5 millones de euros para financiar operaciones de capital de la EMT.–BiciMAD, el servicio de bicicletas públicas de Madrid, está en la ruina victima del robo y el vandalism–

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno se inyectaba a la empresa pública esta partida por la operación de Bicimad.

El Gobierno de Ahora Madrid se había hecho con el servicio público de la bicicleta otorgando un cheque en blanco a Bonopark, la entidad navarra que lo gestionaba (desde 2014) y que en 2015 acusaba pérdidas mensuales de 300.000 euros.

El Ayuntamiento pagó 10,5 millones de euros sin que obraran informes oficiales avalando la operación y sin auditorías previas.

Uno de los testimonios clave fue el del director financiero, David Pérez Moncada, la persona que reconoció que maquilló documentos después de que se desvelara que no existían escritos respaldados por técnicos sobre la compra.

Este trabajador de la EMT también dijo que se había beneficiado a Bonopark con 3 millones de euros en la operación, lo que el PP calificó como sobrecoste y recogió para añadir a su querella.

La causa continúa investigándose en el Juzgado de Instrucción 52, que está a la espera del peritaje independiente para saber si la delegada Inés Sabanés y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, pudieron incurrir en los delitos de malversación y prevaricación de los que les acusa el grupo municipal popular, encabezado por José Luis Martínez Almeida.

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