La unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela formalizó hoy la decisión del Gobierno del presidente Hugo Chávez de nacionalizar 11 taladros petroleros de la estadounidense H&P, al declararlos de «utilidad pública».
La AN argumentó que la empresa Helmerich & Payne (H&P) mantiene «ociosos» esos taladros «desde hace un considerable tiempo», que su disponibilidad a nivel mundial «es muy baja» y que «su utilización es necesaria debido a los altos esfuerzos mecánicos que se requieren para la perforación de pozos».
El anuncio del Gobierno venezolano de nacionalizar esos equipos ya generó la semana pasada un intercambio de declaraciones con el Gobierno estadounidense.
El ministro de Energía y Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Rafael Ramírez, anunció el miércoles la decisión de nacionalizar y compensar «debidamente» por ello a H&P, pese a que denunció que «sectores adversos» al Gobierno «intentan boicotear la producción de crudo».
El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Mark Toner, advirtió un día después que el Gobierno de Chávez deberá indemnizar a H&P por una decisión que, remarcó, «no habla bien ni presagia nada bueno para el clima de inversiones» en el país suramericano.
El Gobierno venezolano aludió a ello el viernes y a través de un comunicado de PDVSA rechazó «categóricamente» lo dicho por Toner y acusó a Washington de querer dañar sus relaciones internacionales.
Ratificó entonces «su intención de continuar trabajando con sus socios privados nacionales y extranjeros tal y como ha quedado demostrado en numerosos proyectos actualmente en desarrollo bajo el marco legal vigente» en Venezuela.
Las empresas privadas nacionales y extranjeras «han materializado proyectos equivalentes a 80.000 millones de dólares solamente en la Faja del Orinoco» (centro este), donde se encuentra la mayor reserva petrolífera del planeta, resaltó el comunicado de PDVSA.
La estatal ha explicado que decidió nacionalizar esos equipos porque H&P fue la única de 33 firmas que no alcanzó un acuerdo con PDVSA después de que esta planteó a principios del año pasado «un proceso de renegociación de tarifas».
«Salvo H&P, las 32 empresas nacionales (14) y extranjeras (18), que prestan servicios en el sector de petróleo y gas venezolano, y que en su totalidad operan 155 taladros en todo el país, llegaron a acuerdos» con PDVSA, lo que «refleja la confianza depositada en nuestras empresas por parte de nuestros socios nacionales y foráneos», añadió el comunicado oficial.
La petrolera venezolana asevera que «desde hace más de un año» H&P «mantiene fuera de servicio» esas unidades de perforación, «diez de 3.000 caballos de fuerza» y «una de 2.000 caballos de fuerza».
La compañía estadounidense paralizó y guardó los equipos, según versiones de prensa, debido a que PDVSA se retrasó en los pagos de los servicios, y ante la falta de acuerdo en la rebaja de tarifas.
El ministro agregó el sábado que no descartaba otras nacionalizaciones debido a que hay otros «privados» que operan en el sector de servicios petroleros que «han optado por boicotear las operaciones», una situación que el Ejecutivo «no va a permitir», dijo.
En ese sentido, reveló que PDVSA ya asumió las operaciones de cinco taladros que operaban para la empresa venezolana Petroboscan, que explota unos yacimientos en el noroeste del país.
Sin más precisiones, Ramírez añadió que el contrato con Petroboscan estipula que «si el contratista detiene las operaciones, entonces PDVSA está en su derecho contractual de asumir las operaciones, y fue lo que hicimos».
Sobre el «justiprecio» por los taladros de H&P manifestó que será establecido por las partes, o por un tercero si PDVSA y la firma estadounidense no llegan a un acuerdo.
