El fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall’Anese, nombrado hoy como titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), afirmó que es un «orgullo» tal distinción, aunque aclaró que aún no ha aceptado el cargo.
«Tengo que conversar con la familia para tomar una decisión», afirmó el fiscal a periodistas y aseguró que se enteró por medio de la prensa del nombramiento hecho hoy por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
«No me han llamado ni he recibido correos» de la ONU, aseveró el fiscal en unas escuetas declaraciones en las que calificó como un «honor» y un «orgullo» el nombramiento.
Ban Ki-moon nombró hoy a Dall’Anese como nuevo responsable de la Cicig, que busca determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar con el Estado en su desarticulación y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
El costarricense sustituirá al español Carlos Castresana, que dimitió el pasado 7 de junio por discrepancias con la actuación del Estado guatemalteco.
Dall’Anese ocupa el cargo de fiscal general desde 2003 y ha sido «un firme oponente del narcotráfico y el crimen organizado, y ha llevado a cabo grandes investigaciones contra la corrupción», destacó hoy el portavoz de Naciones Unidas, Farhan Haq, en una conferencia de prensa en Nueva York.
Por su parte, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, declaró hoy que «es una gran satisfacción que un costarricense reciba este reconocimiento para un cargo tan complejo como es enfrentar el esclarecimiento de esos hechos que acontecieron en la historia guatemalteca».
El fiscal general es también reconocido por liderar las investigaciones de actos de corrupción de dos ex presidentes costarricenses: Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón.
La Cicig es fruto de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Guatemala y la ONU en diciembre de 2006, que al año siguiente fue ratificado por el Parlamento de ese país pese a la oposición de algunos grupos políticos que la consideran una intromisión en la soberanía nacional.
