El encarcelamiento hoy en Uruguay del general Miguel Dalmao, el primer militar en activo que será procesado por crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985), abre un nuevo frente en la complicada relación entre los uniformados y el poder civil.
La decisión de la Justicia de meter en prisión al general, jefe en activo de la División de Ejército IV, acusado de haber participado en 1974 en la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray mientras estaba retenida en un cuartel, también tendrá implicaciones en la polémica sobre la Ley de Caducidad en la que está inmersa la clase política uruguaya.
Dalmao se encuentra bajo custodia policial y en las próximas horas ingresará en la prisión especial para militares Domingo Arena junto al ex coronel José Chialanza, acusado por el mismo crimen.
El general era alférez en 1974 y cumplía funciones de lucha antisubversiva en la unidad del Ejército donde apareció muerta Sabalsagaray.
La versión oficial apuntó que la joven se ahorcó en el calabozo donde estaba detenida, pero de las pericias forenses adjuntadas al expediente judicial se desprende que falleció a causa de las torturas a las que fue sometida.
Hasta 17 militares están presos en las cárceles uruguayas por delitos cometidos durante la dictadura, entre ellos el ex general y hombre fuerte del régimen, Gregorio Álvarez, que cumple una pena de cárcel de 25 años por el «homicidio especialmente agravado» de 37 opositores.
Sin embargo, esta es la primera ocasión en la que un oficial en activo es juzgado por delitos de aquella época, por los que podría ser condenado hasta a 30 años de reclusión.
Esta decisión judicial sin duda afectará a los militares, quienes desde hace unos meses mantienen sus fricciones más intensas con el Gobierno desde la llegada del izquierdista Frente Amplio al poder en 2005.
La reducción del presupuesto y los planes para reformar las Fuerzas Armadas provocaron reacciones de los uniformados, si bien los problemas más serios se produjeron a consecuencia de la intención del oficialismo de eliminar en el Parlamento la Ley de Caducidad, que impide juzgar los delitos cometidos por militares durante la dictadura.
Esa polémica ley fue aprobada por el Parlamento en 1986 y ratificada en las urnas en dos referendos, uno en 1989 y otro en octubre pasado, de manera simultánea a las elecciones que llevaron a la Presidencia de Uruguay al ex líder guerrillero José Mujica.
La Ley de Caducidad obliga a que el Gobierno y la Suprema Corte de Justicia autoricen cada investigación que se emprenda sobre crímenes cometidos por militares y policías en esa época.
Hasta la llegada del socialista Tabaré Vázquez a la Presidencia en 2005, los sucesivos Gobiernos uruguayos desde la dictadura se habían negado a autorizar la investigación de estos delitos.
Hace dos semanas el jefe del Ejército, Jorge Rosales, fue amonestado por el Gobierno por defender públicamente la permanencia de la Ley de Caducidad, en un acto en el que también respaldó Dalmao por las investigaciones a las que estaba siendo sometido.
«Ojalá Dalmao pueda probar ante la Justicia lo que afirma: confío en que es inocente de los casos imputados», aseguró Rosales a finales del mes de octubre.
Para el diputado del Frente Amplio Luis Puig, sin embargo, la decisión de la Justicia de procesar al general «es un paso grande hacia la verdad y la superación de la impunidad».
En ese sentido, Puig resaltó en declaraciones a Efe que esta investigación fue posible solo por que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para este caso.
«Está claro que hay que eliminar esta Ley que solo ofrece impunidad. Todas las víctimas de la dictadura tienen derecho a recibir justicia», afirmó el político.
Puig también descartó que los militares se pronuncien en contra de esta decisión judicial, ya que se trata del cumplimiento estricto de una ley y en Uruguay «rige el Estado de derecho».
