El Parlamento nicaragüense aprobó hoy con carácter urgente tres iniciativas de leyes sobre defensa, seguridad y fronteras que, según algunos de los legisladores, «son claves» para que Nicaragua enfrente su litigio fronterizo con Costa Rica y otro con Colombia y Honduras.
Cada una de las tres leyes fueron aprobadas por separado con votación mayoritaria en una accidentada sesión que duró cinco horas, en medio de protestas de un grupo de jóvenes de la sociedad civil que demandaban mayor consulta y recriminaciones y roces entre el oficialismo y la oposición.
Para un sector de la oposición y de la sociedad civil esas leyes: de la Defensa de la República de Nicaragua, de la Seguridad Nacional de la República de Nicaragua y de Régimen Jurídico de Fronteras, dan un poder discrecional al Ejecutivo sobre los militares.
La de Defensa fue aprobada por 61 votos a favor, 21 en contra, 2 abstenciones y 7 legisladores presentes no votaron, votos que por ley se suman al «Sí».
En la de Seguridad, 62 votos «Sí», 17 «No», uno se abstuvo y 8 presentes que no votaron, que se suman al «Sí».
Y la de régimen de fronteras recibió el apoyo de 65 legisladores, 18 votaron en contra, uno se abstuvo y 4 presentes no votaron.
No obstante, el diputado sandinista José Figueroa aseguró en el pleno que esas leyes enviadas por el Ejecutivo el pasado 26 de noviembre dan al país los instrumentos jurídicos para «defendernos del expansionismo de los vecinos», en alusión a Colombia, Costa Rica y Honduras, con los que Nicaragua ha mantenido disputas por límites.
Nicaragua y Colombia mantienen una disputa por los límites fronterizos en el Caribe debido a una demanda presentada por Managua, que declaró no válido un acuerdo de límites suscrito en 1928 y llevó el litigio a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.
Costa Rica y Honduras solicitaron a la CIJ que los admita como Estados parte en ese contencioso de límites con Colombia que Nicaragua presentó en 2001 ante este tribunal internacional.
Nicaragua también se encuentra enfrentado con Costa Rica desde el pasado 21 de octubre cuando San José denunció que Managua vertía los sedimentos del dragado del río San Juan en su territorio, asunto que el Gobierno de Daniel Ortega niega.
Costa Rica ha denunciado la «incursión, ocupación, uso del territorio y daño ambiental» por parte de civiles y militares nicaragüenses ante la OEA, la Convención Ramsar y la CIJ, así como en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno y en la Cumbre sobre Cambio Climático que se celebró en Cancún, México.
Según el jefe del grupo parlamentario sandinista, Edwin Castro, con esas leyes se «fortalece la posición de Nicaragua» de cara a esos litigios, «porque da una posición de nación».
«Son leyes claves para enfrentar los conflictos con Costa Rica, Colombia y Honduras», señaló, por su lado, el diputado conservador Alejandro Bolaños.
Sin embargo, para el liberal disidente opositor Eduardo Montealegre no es cierto que esas leyes fortalezcan la posición de Nicaragua en la CIJ y recordó que el país ha ganado juicios en el pasado y no tenía esas leyes.
El titular de la Comisión de Justicia, el liberal opositor José Pallais, explicó, por su lado, que en esas leyes Nicaragua renuncia a la agresión, al uso de la fuerza y «sólo se defiende» en caso de una agresión extranjera.
También que prohíbe el servicio militar obligatorio, que era una de las principales preocupaciones de un sector de la oposición y de la sociedad civil.
Además queda establecida la supremacía del poder civil sobre el militar, que no habrá reclutamiento forzoso ni espionaje político y que Nicaragua es una nación defensiva, no agresora, añadió.
Para el disidente sandinista Víctor Hugo Tinoco esas leyes otorgan mucha discrecionalidad al Ejecutivo sobre los militares y advirtió que el mandatario puede verse tentado en convertir al ejército «en una herramienta de uso cotidiano» o en un «instrumento partidario».
Miembros de la sociedad civil, críticos con el Ejecutivo, protestaron en las afueras y adentro del recinto legislativo por la aprobación de esas leyes que consideran da más poder a los militares sobre los civiles y por su aprobación urgente, en medio de forcejeos con la seguridad parlamentaria.
Durante la jornada un grupo de militares retirados que demandan una pensión lanzaron morteros de fabricación artesanal contra la sede del edificio legislativo, sin daños, y la diputada sandinista Rita Fletes arrebató en medio del debate un megáfono a su colega disidente sandinista Mónica Baltodano que se oponía a esas leyes.
