Alcalde de zona acomodada de Caracas denuncia un intento masivo de invasiones

Alcalde de zona acomodada de Caracas denuncia un intento masivo de invasiones
Varias personas observan desde el exterior el operativo de desalojo por parte de las autoridades en el mercado del municipio de Chacao en la capital venezolana. EFE/Archivo

Activistas con insignias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del presidente venezolano, Hugo Chávez, efectuaron hoy un intento de invasión masiva de propiedades inmobiliarias en el municipio residencial de Chacao, en Caracas, denunció su alcalde, Emilio Graterón.

La acción comenzó hacia el amanecer de este sábado en veinte propiedades, tanto inmobiliarias como terrenos, y la policía de Chacao logró frustrar 16 operaciones de este tipo en zonas de El Rosal, Altamira, La Castellana, Campo Alegre y Estado Leal, donde fueron detenidas 37 personas, detalló el alcalde.

Los invasores actuaron «bien organizados», remarcó Graterón en llamadas telefónicas a emisoras de radio, televisión y a las páginas web de los matutinos de la capital.

«Casi todos los intentos fueron a la misma hora y, aunque actuamos contundentemente, al producirse de manera tan organizada se excedió la capacidad de nuestros organismos de seguridad», informó en declaraciones al canal Globovisión.

El alcalde destacó que «la característica fue una acción coordinada y política» y que ya «el día de ayer personal adscrito al PSUV de Chacao estuvo convocando a este tipo de acciones y llamando a la gente a la toma ilegal de los inmuebles».

En las propiedades invadidas los ocupantes suman alrededor de un centenar, «bien organizados, comunicados entre ellos», destacó el alcalde, que en posterior rueda de prensa dijo que los detenidos se redujeron a once, porque al resto «se les respetó el derecho a irse a sus casas» tras desistir de su acción.

También resultaron heridos dos agentes policiales, agregó.

Las invasiones se realizaron en terrenos vacíos que se encuentran «en proceso de emisión» de los permisos para edificar, o en locales comerciales ya construidos, pero aún sin estar operativos, precisó.

Humberto Oropeza, que se identificó como miembro de una «sala de batalla» de un consejo comunal de la zona, aseguró a Globovisión que fueron desalojados «violentamente» de terrenos «que están siendo engordados por los señores capitalistas» para ser vendidos «a altos precios» a empresas constructoras de centros comerciales.

«Por aquí pasaron los dueños y nos vieron con asco, como si no fuéramos gente», añadió y reveló que actuaron facultados por «asambleas de los comités de tierras urbanas» que han investigado que se trata de terrenos «de los colectivos, de las alcaldías».

Los terrenos fueron luego desocupados por «amenazas violentas de estos funcionarios fascistas» al mando de un alcalde «al que le pedimos que deje de hacer cosas ‘fashion'», manifestó el activista.

El alcalde insistió en su posterior rueda de prensa que la policía hizo «uso proporcional de fuerza».

La acción se produjo un día después de que Chávez firmara una Ley Orgánica de Emergencia de Vivienda y Terrenos Urbanos que, entre otros, faculta a su Gobierno a fijar precios de terrenos y de materiales de construcción.

Chávez aprobó la normativa con los poderes especiales que en diciembre pasado le otorgó la unicameral Asamblea Nacional (AN), debido a unas torrenciales lluvias que entonces afectaron al país.

Entre otros asuntos, la norma permitirá atacar la «especulación» que encarece el costo de las viviendas, destacó el gobernante, que ha anunciado expropiaciones para ubicar a los más de 130.000 afectados por las lluvias en todo el país.

Los varios temporales de causaron, además, una cuarentena de muertos.

Adicionalmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el pasado 17 de enero a los jueces del país «limitar temporalmente» toda medida «de carácter ejecutivo o cautelar que recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación».

«En virtud de las calamidades y desastres naturales generados por las lluvias», los jueces deben evitar el desalojo de viviendas, «aun existiendo sentencia definitiva» para ello, señala la orden del TSJ.

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