El ministro de Finanzas de Brasil, Guido Mantega, ha anunciado un recorte de 50.000 millones de reales (unos 22.258 millones de euros) en los presupuestos de 2011, en el marco de las medidas adoptadas para contener la inflación y garantizar así un crecimiento económico del 5 por ciento en el presente ejercicio. De forma paralela se auditarán las cuentas públicas, según anunció la ministra de Planificación, Miriam Belchior.
Esta medida obedece, principalmente, a la necesidad de eliminar los estímulos económicos aprobados en los últimos dos años para evitar el impacto de la crisis en el país sudamericano. «Eliminamos todos los beneficios fiscales que se adoptaron para respaldar la economía en 2009 y 2010, cuando el Gobierno procedió a aplicar exenciones de impuestos, aprobó subvenciones y aumentó los gastos», explicó Mantega.
Además, se plantea como un plan de choque contra la inflación, que al cierre de 2010 se situó en un 5,9 por ciento, un nivel muy superior al 4,5 por ciento fijado por el Gobierno. «Todos los países tienen problemas de inflación, no somos los únicos (…) Pero no podemos quedarnos parados dejando que avance», agregó Mantega, en declaraciones recogidas por la Agencia do Brasil.
La consecución de estos fines pasa por congelar el salario mínimo, de unos 545 reales (242 euros), recortar en un 50 por ciento los gastos corrientes del Gobierno y aumentar ligeramente el tipo de interés del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Más allá de estos recortes, Belchior adelantó que la próxima semana se conocerán los ajustes previstos para los ministerios y las secretarías estatales.
No obstante, la titular de Planificación garantizó la continuidad de algunas políticas clave. Así, se mantendrán intactos la inversión en programas sociales y el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), dotado con 170.800 millones de reales (unos 76.000 millones de euros), destinados en su mayoría a la construcción de infraestructuras.
AUDITORIA ESTATAL
De forma paralela, Belchior anunció la realización de una auditoría de las cuentas públicas para optimizar el gasto, que se centrará en el colectivo de funcionarios. En concreto, se estudiará la posible acumulación de puestos de trabajo, sus salarios y sus condiciones de jubilación, para corregir las deficiencias del sistema de contratación.
Como complemento a esta medida, la administración federal ofrecerá a los estados y municipios su incorporación al Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos (SIGE) para que puedan cruzar sus datos y solucionar también los problemas a nivel local. Hasta el momento, se han sumado a esta iniciativa 13 de las 27 unidades federales que forman el país.
