La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha exhortado al Estado venezolano a volver habilitar al exalcalde opositor Leopoldo López para que pueda ser candidato en futuros comicios locales y nacionales, siendo esta la primera vez que esa instancia emite un fallo de esta naturaleza contra el Gobierno de Hugo Chávez.
La CoIDH «declara que el Estado debe dejar sin efecto» las resoluciones «mediante las cuales se declaró la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas» de López por un período de hasta seis años contados a partir de 2008, según la sentencia de fecha 1 de septiembre.
«El Estado, a través de los órganos competentes, y particularmente del Consejo Nacional Electoral (CNE), debe asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación del señor López Mendoza en el evento de que desee inscribirse como candidato en procesos electorales a celebrarse con posterioridad a la emisión de la presente sentencia», señala el texto.
También ordena pagar a López una indemnización de 12.000 dólares (8.700 euros) para resarcir los gastos que implicó presentar esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que posteriormente remitió el caso a la Corte con sede en Costa Rica.
«Lo logramos, se hizo justicia. Estoy habilitado. Un triunfo de todos los que hemos luchado por los derechos y la justicia. ¡Ganó Venezuela!», expresó el opositor a través de su cuenta en Twitter.
Poco después de conocerse la resolución, el ministro de Exteriores, Nicolás Maduro, se abstuvo de pronunciarse y aclaró que el Gobierno estudiará primero la sentencia antes de asumir alguna postura. Sin embargo, pidió hacer una investigación pues considera que algunas personas creen que los opositores «tienen licencia para el crimen» en Venezuela.
López fue inhabilitado en agosto de 2008 por el ahora fallecido contralor general de la República Clodosbaldo Russian, uno de los hombres cercanos a Chávez. La decisión se fundamentó en dos casos de denuncia de malversación de fondos. El primero, ocurrido en 1996 en la estatal petrolera PDVSA y el segundo, en 2004 cuando López era alcalde del municipio de Chacao, en el estado de Miranda (centro).
Esto impidió a López –una de las caras más visibles de la oposición– ser candidato en los comicios regionales de 2008 en los que aspiraba convertirse en alcalde de Caracas.
La resolución de la Corte se conoce meses antes de que la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebre unas primarias para elegir al candidato que enfrentará a Chávez en las presidenciales del 7 de octubre de 2012.
Pero la última palabra la tiene ahora el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que deberá decidir si acata la resolución de la Corte, según informa la cadena estatal VTV.
Las sentencias de la CoIDH no son vinculantes y los Estados no están obligados a cumplirlas, a pesar de ser un tribunal vinculado a la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).
En una de sus disposiciones, la Corte indica que «supervisará el cumplimiento íntegro» de la resolución y aclara que «dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma».
