El Congreso de Brasil dejó hoy pendiente para mañana la votación de la polémica ley de bosques que ha recibido duras críticas de los ecologistas, que lo consideran «catastrófico» para la Amazonía porque permitirá un aumento de la devastación de las selvas.
Las discrepancias entre diferentes versiones del proyecto legislativo llevaron a los diputados a dejar para el miércoles la votación para tener más tiempo para debatir.
El texto legal partió de la iniciativa del Gobierno, fue votado por la Cámara de los diputados, luego por el Senado y ahora ha vuelto a la Cámara baja para evaluar las alteraciones realizadas.
El debate elevó hoy el tono en el Congreso porque el diputado Paulo Piau, encargado de redactar el proyecto, incluyó 21 enmiendas que, en opinión de los ecologistas, «empeoraron mucho» el proyecto.
El texto, tal y como se aprobó en el Senado, tiene el respaldo de la mayoría del oficialismo y de los diputados que representa a los grandes empresarios rurales, que cuenta con representantes de todo el arco parlamentario, excepto de la extrema izquierda.
La nueva ley, conocida como Código Forestal, pretende sustituir a la legislación actual, que data de 1965, regula los límites a la actividad agropecuaria y la normativa del uso general de los suelos rurales.
Entre las novedades incluidas en el Código Forestal, se plantea la reducción de las áreas de selva o bosque que deben ser protegidas dentro de cada propiedad rural.
En la región amazónica los hacendados tendrían que mantener en pie la mitad de la selva virgen de sus fincas, mientras que hasta ahora eran obligados a dejar intacto el 80 % del terreno.
El proyecto también establece que las zonas protegidas a la vera de los ríos, que hoy suponen una franja de 30 metros a cada lado, disminuirán a los 15 metros en el caso de los menos caudalosos.
Esto permitirá expandir los terrenos destinados a la agricultura y ganadería, con lo que se pretende afianzar a Brasil como uno de los mayores productores de alimentos del mundo, pero también podría contribuir a destruir el 60 % de la vegetación nativa del país, según cálculos de Greenpeace.
El diputado izquierdista Iván Valente, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), afirmó hoy que la nueva ley solo atiende al interés «de los beneficios inmediatos» de los grandes exportadores de soja, ganado y biocombustibles y dejará una «herencia maldita» a las generaciones futuras.
En contrapartida a la reducción de las áreas protegidas, la nueva ley establece la obligación de recuperar las zonas que sean degradadas en el futuro y concede incentivos económicos para los agricultores que adopten prácticas sostenibles.
La cuestión que más discusiones ha generado en el Congreso es la amnistía a los hacendados que, violando la legislación actual, desforestaron reservas ambientales para extender su actividad agropecuaria.
El ministro de Desarrollo Agrario, Pepe Vargas, reiteró hoy que Rousseff pretende vetar la propuesta de amnistía a los deforestadores, puesto que el objetivo del Gobierno es que «se preserve lo que está en pie y se recomponga buena parte de lo que fue destruido».
El Código Forestal también incluye una recomendación, que deberá ser reglamentada por ley, que contempla la prohibición de la importación de productos agrícolas procedentes de países donde la legislación ambiental sea más laxa que en Brasil.
Antes de la sesión, el Partido Verde y varios grupos ambientalistas realizaron una manifestación frente al Congreso para presionar a Rousseff a que vete los puntos más polémicos cuando vaya a sancionarlo.
