Su equipamiento, armamento, logística, adiestramiento y financiamiento es obra del régimen chavista por intermedio de múltiples instituciones y empresas del Estado venezolano
El cerco sobre el régimen de Nicolás Maduro se cierra. Un militar de alto rango venezolano denunció en 2014, tras las manifestaciones estudiantiles de febrero de ese año que arrojaron más de 43 muertes y 2000 detenciones entre las cuales se incluye a Leopoldo López, el empleo de «Colectivos Armados», como se conocen en Venezuela a la temida banda de delincuentes motorizados que asolan las calles a las órdenes del chavismo.
El Vicealmirante de la Infantería de Marina de Venezuela, Pedro Pérez Rodríguez, denunció por escrito -con anexos de testigos- la existencia de los colectivos armados y su participación como fuerzas de choque en las protestas estudiantiles según los documentos a los que ha tenido acceso Periodista Digital.
El alto mando militar había recibido la denuncia muy completa de un Teniente de Navío a quien posteriormente le fue abierta una investigación militar y lo sancionaron con cinco días de arresto severo por aportar evidencias del padrinazgo de dichos grupos armados, paramilitares rojos, «que defenderán la revolución».
Según revelan los documentos, otro militar de alto grado fue testigo por azar de una conversación entre un general cubano y un alto mando militar venezolano cuando discutían los errores cometidos en la quema de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (Unefa), en el estado de Táchira para inculpar a los estudiantes.
Fue en ese momento cuando un sector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se dio cuenta de que Hugo Chávez –que falleció el 5 de marzo de 2013– había decidido crear a los temibles colectivos y la milicia paramilitar con la excusa de «combatir una invasión del imperio» cuando la realidad era que lo había hecho para apagar manifestaciones de protesta como la de los estudiantes que sofocó a tiros su sucesor Nicolás Maduro.
«Todos saben que el alto gobierno no confía en la FANB y la FANB sabe que cualquier salida militar sería hoy en día contraproducente pues solo generaría una guerra civil. La milicia maneja un parque de armamento y municiones por todo el territorio nacional de miles de fusiles y sus ubicaciones son confidenciales con la excusa de que ‘no sean conocidas por USA ante cualquier invasión'», dicen fuentes militares consultadas por Periodista Digital.
Documentos con la denuncia del Vicealmirante Pedro Pérez Rodríguez.
La táctica del chavismo era sembrar el terror y evadir las responsabilidades en materia de Derechos Humanos ya que al no reconocer que estos grupos son organizados, armados y financiados por el Estado, sus acciones quedan al margen de responsabilidad política.
Los ‘Colectivos Armados’ son considerados –según el blog Controla tu Seguridad, especializado en la inseguridad en las calles de Caracas– el brazo armado de la Revolución Bolivariana. Su equipamiento, armamento, logística, adiestramiento y financiamiento es obra del régimen chavista por intermedio de múltiples instituciones y empresas del Estado venezolano y actúan bajo la protección y amparo del gobierno.
Actúan sin temor de los Cuerpos de Policía ni de la Fuerza Armada Bolivariana ya que estos no están presentes en sus territorios, y cuando se presentan fuera de ellos, estos en muchos casos les permiten y apoyan en sus actos criminales. Se los reconoce por usar símbolos y colores del Partido Único Socialista de Venezuela (PSUV) y fueron entrenados tanto en Venezuela como en Cuba.
«TIENEN PATENTE DE CORSO»
Los militares que han denunciado la «patente de corso» que los colectivos armados tienen dentro del esquema estatal han sido o dados de baja o enviados a sus casas. Las fuentes uniformadas consultadas por PD apuntan que quienes han hecho esas denuncias han llegado a ser hasta acusados de «traidores a la patria».
La denuncia del Vicelamirante Pedro Pérez Rodríguez demostraría que los paramilitares chavistas actúan en plena coordinación con los órganos policiales y militares, y abriría una brecha para permitir futuros juicios de Lesa Humanidad en plena pugna entre la Asamblea Nacional –controlada por la oposición al chavismo– y el Gobierno de Nicolás Maduro por la Ley de Amnistía que liberaría a 70 presos políticos que todavía hoy permanecen encarcelados en cárceles siniestras como La Tumba. —[VÍDEO] ‘La tumba’: así torturan bajo tierra a los opositores en Venezuela—
El Gobierno de Maduro, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia, ha vetado la Ley de Amnistía, exponiéndose como víctimas en vez de victimarios, y ocultando la verdadera actuación de Colectivos Armados usados como fuerzas de choque.