Nicolás Maduro tiene cada día más difícil seguir en el cargo a tenor de todas las pruebas que van saliendo sobre cómo ha acallado de las más diversas formas a la oposición –El fiscal coaccionado para entalegar a López se escapa de la jaula de Maduro-.
Pero lo que publica este 8 de julio de 2016 el diario ABC demuestra una vez más que el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López fue de lo más torticero, tal y como consta en la confesión jurada del exfiscal Franklin Nieves ante un notario de Miami (Estados Unidos) semanas después de tener que abandonar Venezuela en octubre de 2015 –Franklin López mete más miedo a Maduro-.
Según Nieves, el régimen chavista endosó al preso político venezolano el asesinato del estudiante Basil D’Acosta durante la marcha opositora del 12 de febrero de 2014, perpetrado en realidad por un oficial de la Sebin (policía política).
En esas fechas, el líder de Voluntad Popular reclamaba la salida del presidente Nicolás Maduro, junto a otros opositores, y el Gobierno venezolano buscaba el momento oportuno para detenerlo. Al fallar la posibilidad de que el arresto se produjera ese 10 de febrero en Táchira, tras frustrarse el viaje del opositor a ese estado, el Gobierno aprovechó la marcha opositora celebrada dos días después en Caracas, en la que las mismas autoridades instigaron la violencia.
Así lo atestigua Franklin Eduardo Nieves Capace -uno de los tres fiscales del caso López-, en su declaración jurada ante notario del pasado 16 de diciembre de 2015 en Miami, a la que tuvo acceso ABC en su integridad. Nieves huyó a EE.UU. con su familia en octubre de 2015 porque temía por su vida y no deseaba continuar defendiendo las pruebas falsas durante la apelación, según declaró entonces.
Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde desde el 18 de febrero de 2014, cuando se entregó a la Guardia Nacional, fue condenado a casi 14 años de cárcel por asociación para delinquir, instigación pública, y determinador en los delitos de incendio y daños a los edificios públicos. En su confesión jurada, Nieves aseguró que el juicio estuvo plagado de irregularidades y falsas evidencias.
Ese 12 de febrero de 2014 fatídico, Franklin Nieves acababa de llegar de Táchira y de enterarse del estallido de violencia en la marcha opositora cuando fue convocado a una reunión con el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que hasta ese 18 de febrero de 2014 era el general de brigada Manuel Bernal.
El militar le explicó que necesitaban una orden de arresto contra Leopoldo López, el vicealmirante Iván Carratú, el embajador Fernando Gervasi y Carlos Vecchio (este último también de Voluntad Popular). El entonces jefe de la policía política le reconoció al fiscal que «el problema es que uno de mis oficiales, José Perdomo, miembro del Sebin, ha matado a un estudiante (Basil D’Acosta) y necesitamos que estos cargos sean atribuidos a los que convocaron la manifestación; es decir, a Leopoldo López y los otros».
Nieves, uno de los tres fiscales del caso López, agregó en su declaración que Bernal le dijo que «»as instrucciones del «número uno», Nicolás Maduro, son que esas órdenes de arresto deben ser emitidas hoy para que sean otorgadas el mismo día 12 (de febrero de 2014)». Freddy Bernal, hoy jefe de los CLAP, los comités chavistas (soviets) encargados de la distribución de alimentos, fue testigo de esa conversación, según el fiscal.
El siguiente problema era que no había informe policial sobre el caso, pero Manuel Bernal se lo encargó a un oficial de la contrainteligencia que respondía al nombre de ‘El elefante’. El oficial se refirió en el informe fabricado a la marcha celebrada esa mañana, a la supuesta agresión contra la sede del Ministerio Público (Fiscalía), al incendio de seis vehículos oficiales y a los muertos de la jornada: el estudiante Basil D’Acosta y Juancho Montoya (miembro de los Colectivos chavistas). Con ese informe, Nieves preparó el documento que presentó para solicitar la orden de arresto ante la juez Tovar, del tribunal 16. Nada más llegar a casa ese mismo día, el fiscal se enteró por su esposa de que la orden de arresto contra López ya se había divulgado a través de Twitter.
En la declaración jurada de Miami, Nieves explica las tropelías perpetradas durante los 18 meses que duró el proceso hasta la condena del opositor el 10 de septiembre de 2015. Durante el juicio, a Leopoldo López solo se le permitió presentar un testigo, la periodista de Globovisión María Iginia Silva. Mientras a la defensa le denegaron un centenar de testigos, la acusación pudo presentar unos 130. Estos testigos eran básicamente funcionarios del Gobierno forzados a testificar si no querían perder sus trabajos, denuncia Franklin Nieves, quien concluye que con su declaración no busca protagonismo, sino manifestar lo que ocurre con la Justicia de Venezuela.