Con parte de los ojos del mundo y de Brasil puestos en los Juegos Olímpicos de Río, la presidenta apartada, Dilma Rousseff, inició la madrugada de este miércoles una melancólica cuenta atrás para dejar el cargo para el cual fue reelegida en 2014.
En la madrugada de este 10 de agosto de 2016, el Senado federal brasileño aceptó la denuncia contra ella por graves delitos fiscales y convirtió a Rousseff oficialmente en imputada.
El senado aprobó el informe que recomienda sustituir a la presidenta por 59 votos a favor y 21 en contra; una ventaja incluso más amplia que la votación que decidió suspender a Rousseff en mayo (55 votos)
Este proceso pone a la presidenta frente a un juicio final que se celebrará a finales de este mes.
En esa sesión, si 54 de los 81 senadores la consideran culpable (dos tercios del senado), Rousseff será despojada de su mandato. Eso la convertiría a la política del Partido de los Trabajadores (PT) en la segunda persona en ocupar el puesto de presidente de la república desde la redemocratización del país, en 1989, en perder el cargo por una decisión del Congreso Nacional. Fernando Collor, ahora afiliado al PTC, también pasó por un proceso de impeachment, en 1992, en un proceso que tuvo más consenso que el actual.
Si Rousseff fuera destituida, el mandato que vence el 1 de enero de 2019 será completado por Michel Temer, quien hasta el 12 de mayo pasado ocupaba la vicepresidencia y la sustituye de forma interina desde esa fecha, cuando se instauró el proceso y fue suspendida de sus funciones.
