El español Yon Goicoechea ha recuperado la libertad la madrugada de este 4 de noviembre de 2017 noche en Caracas (madrugada en Madrid), tras permanecer 14 meses en las mazmorras de la siniestra sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
El caso de este preso político con doble nacionalidad, española y venezolana, era emblemático, ya que el juez había ordenado su liberación hace más de un año.
El ex presidente Zapatero se había convertido en el principal valedor de la liberación del dirigente de Voluntad Popular (VP), que irrumpió ante la opinión pública de su país hace 10 años como uno de los líderes universitarios que batió a Hugo Chávez en el referéndum constitucional con el que pretendía perpetuarse en el poder.
La decisión se produce el mismo día que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó procesar penalmente a Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento y coordinador nacional de VP, y solicitó a la todopoderosa Asamblea Constituyente chavista retirarle su inmunidad parlamentaria por supuestos delitos cometidos durante las protestas contra Maduro entre abril y julio, cuya represión provocó 125 muertos.
A las puertas del Sebin se encontraba su mujer, que durante este tiempo se ha convertido en la principal activista de su libertad.
Junto a Goicoechea también fue liberado el ex alcalde de Mario Briceño Iragorry, Delson Guarate, también de VP. Según el Foro Penal Venezolano, son 378 los presos políticos que permanecen en las cárceles del chavismo o que sufren arresto domiciliario, como Leopoldo López y el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma.
Eso les pasa por haber contratado como asesor a Monedero y darle a Podemos medio millón por los consejos económicos https://t.co/RvJaOmpnwX
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 4 de noviembre de 2017
Ambos dirigentes, a los que se les han aplicado medidas cautelares, fueron detenidos a finales de agosto y principios de septiembre del año pasado, víctimas de falsas acusaciones que nunca fueron demostradas y en el marco de la llamada Toma de Caracas, cuando la oposición reunió a más de un millón de personas en la capital.
A Goicochea se le señaló por tenencia de artefactos explosivos y a Guarate por tenencia de armas de guerra y asociación para delinquir.
La libertad de Goicoechea se había convertido en un clamor internacional, ya que contaba con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un comunicado del presidente del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y con el apoyo de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Pese a ello, continuó privado de libertad durante más de un año sin ninguna razón legal para ello.
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