Chavismo, ni en Venezuela, ni en España
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EN una nueva demostración de la naturaleza títere de las instituciones judiciales del Estado venezolano, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela obedeció la contraorden del presidente Nicolás Maduro y acordó revocar las sentencias que había despojado al Parlamento de sus competencias.
Es evidente que la máxima institución judicial del país está a las órdenes de Nicolás Maduro y a sus magistrados les importa poco aparecer como peones obedientes de la estrategia golpista de su jefe.
Si ordena expropiar el poder del Parlamento, se expropia; y si hay que devolverlo, se devuelve.
Lo que queda claro es que Venezuela es la finca de Maduro y del chavismo, donde no existe Estado de Derecho, ni división de poderes, y sólo importa conservar el mando del país.
Tras el golpe de Estado perpetrado por el Supremo venezolano, Maduro se topó con la oposición en las calles, con un llamamiento inequívoco a la intervención del Ejército contra el dictado y con la presión internacional.
El despropósito cometido por esa caricatura de tribunal -presidido por un expolicía condenado por asesinato- puso en alerta incluso a la fiscal general del país, que lo calificó como «una ruptura del orden constitucional».
Maduro ha visto que podía perder el control de la situación, o tal vez todo haya sido una inmensa farsa, desde el principio hasta este aparente final.
Lejos de ser un motivo para tranquilizarse, la devolución de competencias e inmunidades a los parlamentarios de la oposición democrática es sólo una anécdota en la transformación constante del régimen de Maduro hacia una dictadura sin máscara.
Cuando Nicolás Maduro quiera, el Supremo volverá a ser su brazo armado contra las libertades y derechos de los venezolanos.
Esta victoria de la oposición tendrá su represalia, antes o después, porque el régimen chavista necesita vivir en un estado continuo de crispación y enfrentamiento con la oposición.
Por eso sigue siendo necesario que la comunidad internacional, tanto las organizaciones regionales, como la ONU y la Unión Europea, denuncien la escalada golpista de Maduro y exijan el aseguramiento de las libertades democráticas, con la excarcelación de los presos políticos y la celebración de unas elecciones presidenciales transparentes y vigiladas.
Sobran ya mediadores cómplices con el Gobierno chavista, y deben ser señalados los palmeros del dictador, como Podemos, convertido en la sucursal del chavismo en España para que no falte voz a la represión y la dictadura cuando se trata de apoyar el encarcelamiento de Leopoldo López y el golpe de Estado judicial cometido por el Supremo.
Chavismo, ni en Venezuela, ni en España.
