José Espinoza, empleado de una estación de servicio de la calle Cecilio Acosta de Maracaibo, toma su café -negro, poco azúcar-, sentado a dos metros de su puesto de trabajo. Está relajado, despreocupado. No hay gasolina y su oficio es, por ahora, nulo.
«Tengo 30 años acá y es primera vez que he visto algo así. Antes, la gasolina nos duraba tres días, pero ahora no pasa del día y medio», me dice, a las 8:00 de la mañana, mientras comparte su bebida conmigo.
El déficit de combustible evolucionó a pasos agigantados hasta arropar todas las gasolineras de Maracaibo, la Costa Oriental del Lago y los demás municipios del estado Zulia, considerado la meca de la explotación petrolera venezolana.
La carencia del carburante es frecuente desde el año pasado en el occidente de Venezuela, pero usualmente se circunscribía a los fines de semana y se solventaba cada lunes o martes.
Lo extraordinario de la última semana es que la escasez se extendió durante siete días sin explicación o remedio oficial. Filas kilométricas bordean las estaciones de servicio de toda la ciudad en plena víspera navideña.
Zulia se ralentizó a medida que el transporte público y de mercancías mermó. Escenas similares se viven en regiones vecinas, como Táchira y Barinas.
José sabe que su relax es momentáneo.
«En otros tiempos, había una que otra colita, pero ahora esto se desborda. Estos días no he podido ni ir al baño cuando estoy trabajando».
El aviso de «cerrado» no termina de espantar a decenas de choferes que se agolpan con sus carros, camionetas y camioneras a las afueras de la gasolinera. Los atrae, al contrario, como miel.
Rubén Rincón, dueño de una empresa de construcción, madrugó para ubicar su camioneta Ford 100 de vieja data y carrocería carcomida de segunda en la cola.
El día anterior perdió dos horas de trabajo en vano: la estación se quedó sin combustible cuando solo faltaban unos pocos carros para llegar a la meta.
«Vivo en La Curva de Molina, al oeste, pero me vine para acá porque allá están todas las estaciones abarrotadas«, cuenta a BBC Mundo, acompañado de uno de sus tres hijos.
Corre el rumor de que una gandola (vehículo de carga con remolque) de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) proveerá de combustible a la gasolinera y que, en cuestión de dos horas, se abrirán de nuevo las puertas.
«Hoy dije que no iba a arriesgar y me vine».
Hace seis días, apelé a esa práctica de moda: llené el tanque de mi carro en solo 45 minutos gracias a uno de esos madrugones en una estación cercana. En la oscurana, me sentí como un campeón de mil medallas.
Es una alegría tísica. En unos pocos días, el ritual deberá repetirse. No hay día donde no mida las distancias o chequee el nivel del tanque. A eso ha quedado reducido el ciudadano promedio en la región andina de Venezuela: a un usuario ávido de gasolina en una nación millonaria en hidrocarburos.
Petróleos de Venezuela admitió el miércoles, seis días luego de la exacerbación de las colas, que hubo un retraso en el despacho de combustible «en parte del país debido a las medidas de bloque internacional contra Venezuela».
Entiéndase: el gobierno culpa a las sanciones económicas aplicadas por países como Estados Unidos contra miembros del gabinete socialista de Nicolás Maduro.
La empresa se disculpó con el pueblo venezolano y, en cinco tuits, explicó que hubo un rechazo de los pagos de parte del Estado venezolano del servicio de cabotaje o transporte marítimo de insumos para la refinación de gasolina.
La Asamblea Nacional Constituyente ventiló, apenas días antes de la crisis, el inminente aumento de la gasolina a un dólar por litro. La carestía también coincidió con la declaratoria de una «guerra contra la corrupción» en Pdvsa de parte de la Presidencia, la Fiscalía y la Contraloría.
El general Javier Benchimol, comandante de la Zona de Defensa Integral del occidente venezolano, garantizó que antes de Navidad se normalizaría el suministro de gasolina en Zulia.
Occidente, no obstante, aún sigue sediento de gasolina, con miles de ciudadanos dispuestos a pagar plantones durante horas para obtener suficiente combustible para franquear en paz estos días de diligencias, compras y traslados en la menguada época de Navidad en Venezuela.
Segundo suplicio: dinero en efectivo
Yanelin Huerta, de 38 años, suma 30 horas aguardando frente a un banco del gobierno al norte de Maracaibo. Desde las 2:00 de la madrugada del día anterior reserva un cupo en una extensa fila de 150 ancianos a Yenny, su madre, pensionada del Seguro Social.
«Ella no puede hacer la cola, es diabética y tiene un marcapaso», explica a BBC Mundo, mientras espera su turno apoyada a una jardinera que exhibe más suciedad que gramas verdes.
En un contexto hediondo a orina y desechos varios, anhela retirar en billetes los 230.000 bolívares que el Estado depositó en su cuenta la víspera. Los cajeros automáticos de los tres bancos de la cuadra están desiertos. Solo sirven para consultas.
Obtener el «efectivo» es así de tormentoso para el venezolano común, aún más en ciudades y poblados de estados fronterizos con Colombia, donde mafias extraen el papel moneda de Venezuela, según denuncia el Ejecutivo nacional.
«Esto es un martirio. Aquí estamos para agarrar (dinero), así sea fallo», afirma Yanelin, cruzada de brazos.
Los pagos por taquilla en las entidades financieras son, en ocasiones, de montos risibles en la actual espiral hiperinflacionaria.
Y el gobierno frenó las alternativas, prohibiendo los llamados «adelantos» de papel moneda en comercios o particulares, que antes «salvaban la patria» a cambio de una comisión de 10% o 15% adicional al monto requerido.
Esas transacciones persisten en la clandestinidad; solo basta poseer los contactos necesarios, aunque hoy los importes ascienden al 20, 40 o incluso 100%. Conocer a un chofer de transporte público o al dueño de algún abasto puede ser la puerta para esas operaciones.
Aunque tener dinero en papel moneda también puede ser una maldición.
En días recientes, fue patente la mueca de la secretaria de mi pediatra cuando intenté pagar una consulta de 30.000 bolívares con un billete de 100.000, el de mayor denominación en Venezuela, que me había prestado mi suegra.
«Esto es una bofetada, ¿sabes? ¿De dónde voy a sacar para darte ‘vuelto’?», me respondió, volteando los ojos y chasqueando los labios.
No hubo encargado de farmacia, abasto o supermercado cercanos que me auxiliara canjeando aquel billete por otros tantos de menor valor -«sencillar», le llama el coloquio local-.
Una transferencia interbancaria saldó la deuda luego de 30 minutos de trajines en vano y desfiles de ceños fruncidos.
Tercera penuria: la carne
- -Señor, ¿no tiene pulpón?
- -No, señora. No hay carne de res. Solo tenemos puerco.
- -¿Y en cuánto está?
- -Depende. Las chuletas ahumadas están en 420.000 bolívares por kilo y el pernil a 275.000.
La doña abre los ojos, sorprendida. Se da la vuelta. Se marcha del local sin un gramo de producto alguno. Los diálogos de Filadelfo Guerrero con sus clientes son cada vez más breves.
Él, carnicero con 40 años de experiencia, nunca había vivido una mañana como esta -desolada y carente de propinas- en fechas tan cercanas a Navidad.
Uno de los dos refrigeradores está tapiado con papel periódico, coronado por un aviso escrito con marcador negro sobre un papel blanco: «dañado».
El otro solo exhibe puerco: dos perniles enteros, unos pocos kilos de pulpa de cerdo y un cerro de chuletas ahumadas, el producto más caro del momento.
La carne vacuna, el pollo y la gallina son especie en extinción en los comercios de una región históricamente rica en ganadería y productos agropecuarios.
Rossana Guerrero, dueña de la carnicería El Novillo, cree que este es el peor año de ventas.
«Se puso así desde hace dos meses, cuando el gobierno reguló el precio de la carne. Los proveedores no se quieren arriesgar a vender barato».
Pero, como no pocos negocios en Venezuela, la venta del rubro siempre tiene una «vuelta», un camino verde, una «maraña»: sobran comerciantes que expenden a precios de ganancia.
Llamadas insistentes a tu carnicero de confianza pueden garantizarte un pedido de carne de res a la calladita. Eso sí: no esperes pagar la mercancía a precios regulados.
Un kilo de mercancía puede costar hasta 250.000 bolívares, casi 70.000 bolívares más que el salario mínimo mensual en Venezuela, pese a que la gubernamental Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos fijó sus costos entre 49.000 y 80.000 bolívares, dependiendo del corte.
«Tenemos que vender así, caro y a escondidas a clientes de confianza, como si fuéramos unos delincuentes», me dijo hace unas semanas un carnicero amigo, que decidió tomar el riesgo en pleno diciembre antes que vender a pérdida.
Su defensa es que no tiene opción. Es eso o cerrar para siempre.
«Lo haré así hasta que el gobierno me toque la puerta».
