Políticos de varios sectores apoyaron en fechas recientes una socilicitud en el Congreso peruano para que se rechazara la entrada de Maduro al país y se le declarara "persona non grata"
«Su presencia no será bienvenida».
Con esas secas pero claras palabras, la canciller peruana, Cayetana Aljovín, informó este 14 de febrero de 2018 que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, de que no está invitado a la próxima Cumbre de las Américas.
La reunión se celebrerá en Lima, en abril de 2018.
Aljovín justificó la decisión por considerar que en Venezuela hay una ruptura del orden democrático.
«La ruptura de la democracia constituye un obstáculo insuperable para la participación de un Estado en la Cumbre de las Américas».
La ministra hizo el anuncio tras la conclusión de una nueva reunión del llamado Grupo de Lima, un ente multilateral conformado el año pasado para buscar una solución a la crisis que atraviesa Venezuela.
Previamente, la cancillería venezolana había anunciado que el presidente asistiría «puntualmente» a la cita de jefes de Estado y gobierno, para «defender la soberanía de América Latina y el Caribe» y «para reunirse con el combativo pueblo de Perú».
Políticos de varios sectores apoyaron en fechas recientes una socilicitud en el Congreso peruano para que se rechazara la entrada de Maduro al país y se le declarara «persona non grata».
Reconsiderar las elecciones
Los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía emitieron, además, una declaración en la que exhortan al gobierno venezolano a reconsiderar su decisión de realizar elecciones presidenciales en abril, ya que, en opinión de estos países, «no existen suficientes garantías de transparencia en el proceso».
«No puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar».
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció hace una semana que convocaba a los comicios para el venidero 22 de abril, un proceso en el que la oposición aún no decide si participará y que ha sido cuestionado por falta de garantías por organizaciones de derechos humanos y varias naciones de la comunidad internacional.
Los nuevos cuestionamientos al gobierno de Caracas ocurren en momentos en que Colombia y Brasil han reforzado sus fronteras ante el arribo de miles de venezolanos que escapan de su país de origen.
En ese sentido, los cancilleres acordaron «coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura» la llegada de estas personas, que han ganado gran visibilidad mediática en los últimos días.
Venezuela vive una profunda crisis económica y política, con carestías de alimentos, medicamentos y una elevada inflación que limita el acceso a los servicios y productos básicos.
Los principales líderes opositores están inhabilitados para presentarse en los comicios y el CNE, ente electoral venezolano, ha sido cuestionado por los críticos del oficialismo por su supuesta cercanía al gobierno.
De hecho, Smartmatic, la empresa a cargo del sistema de voto electrónico empleado en las elecciones, denunció en agostó pasado que el CNE «manipuló el dato de participación» durante las votaciones para la Asamblea Constituyente que ahora rige como órgano de poder plenipotenciario.
El gobierno del chavista Maduro, amigo y financiador de Podemos en España, insiste en que la crisis es culpa de la «guerra económica» que le declaró la oposición con el apoyo de Estados Unidos y que su país cuenta con el mejor sistema electoral del mundo.
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