TODO ES MUY SOSPECHOSO Y APUNTA A LAVADO DE DINERO DEL CORRUPTO PRESIDENTE

La policía sandinista no para de encontrar millones de dólares ‘abandonados’ en Nicaragua

En lo que va del año, la fuerza de seguridad de Daniel Ortega dice haber incautado dinero en efectivo 14 millones dólares supuestamente abandonado por narcotraficantes, pero nunca encuentra la droga ni caen los mafiosos

La policía sandinista no para de encontrar millones de dólares 'abandonados' en Nicaragua
Daniel Ortega y su esposa Murillo. PD

La madrugada del sábado 16 de mayo de 20920, una camioneta blanca, sin placas, se movilizaba en la carretera fronteriza que va de Somotillo a Chinandega, cuando en el kilómetro 188 encontró un retén policial.

Los policías le hicieron la señal de “alto”. El conductor ignoró la orden y huyó, para, poco después, dejar el vehículo abandonado en la vía. ¡Sorpresa! La camioneta tenía un compartimiento oculto donde se encontraron 499.490 dólares.

Un golpe de suerte.

Como subraya socarrón Fabián Medina Sánchez en Infobae, este 23 de agosto de 2020, la Policía de Nicaragua parece ser la más afortunada del mundo.

Cada vez con mayor frecuencia se gana la lotería al encontrar pilas de dinero que el narcotráfico abandona o entrega a sus retenes sin mayor resistencia. En lo que va del año, las incautaciones de esta forma ascienden a cerca de 14 millones de dólares (exactamente USD 13.764.996), una cantidad superior a todo el dinero decomisado durante el año pasado.

El ultimo lote de dinero confiscado se anunció esta semana luego que agentes de la Policía encontraron 21 paquetes con 511.980 dólares entre un cargamento de sandías, en una camioneta que conducía el señor Ricardo José Ruiz Morán, en el occidental departamento de León.

El 19 de julio, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraban el 41 aniversario de la revolución sandinista en la Plaza de la República, a 110 kilómetros de ahí, en Malpaisillo, la Policía detenía a un destartalado camioncito blanco en el que se encontró 1.523.425 dólares.

El conductor, Álvaro José Mendoza Fajardo, de 40 años, fue el único detenido. Días antes, el 2 de julio, había encontrado otros 450 mil dólares en la mochila del ciudadano hondureño José Marcos Guevara, en El Viejo, Chinandega.

Al día siguiente de cada decomiso, se presenta ante medios de comunicación cercanos al gobierno de Daniel Ortega, el comisionado Victoriano Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial.

Lee un comunicado, muestra algunas fotografías y dice que a la camioneta, el camioncito, el capturado o al propio dinero “se le aplicó técnica Scintrex Trace, resultando positivo con partículas de cocaína”, con los cual el dinero queda legalmente vinculado al narcotráfico y estará sujeto a un régimen especial de custodia y distribución, tal como lo establece la ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados.

No existe informe oficial sobre el destino de esas sumas millonarias incautadas. Después de las presentaciones no se sabe públicamente que destino toma ese dinero.

La Ley 735 indica que el dinero decomisado, abandonado u obtenido por la venta de bienes en subasta, debe ser distribuido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), entre la Policía, Ministerio Público, Ministerio de Educación (Mined), Ministerio de Salud (Minsa), Corte Suprema de Justicia, Sistema Penitenciario Nacional, Consejo Nacional contra el crimen organizado y la Unidad administradora de bienes incautados, decomisados o abandonados.

Esta ley establece asimismo que el dinero incautado será “usado única y exclusivamente en programas, proyectos y fines de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como en programas de rehabilitación, reinserción social, elaboración de políticas públicas, coordinación interinstitucional y protección de personas, relacionados con el enfrentamiento del crimen organizado y sus consecuencias”.

Sin embargo, la distribución del dinero debería ser organizada por un Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado y una Unidad Administradora, contempladas en la ley que no han sido creadas, a pesar que esta ley se aprobó en 2010 y se reformó en 2017.

Las apariciones del comisionado Ruiz anunciado incautaciones son cada vez más frecuentes, casi a un ritmo de una vez a la semana en el último año, y en ocasiones son anuncios de grandes paquetes, como el encontrado el 25 de junio pasado, en San Lorenzo, Boaco, que sumó USD 4.658.000 dólares y 67.500 córdobas, una de las más grandes incautaciones de estos últimos cinco años.

Una investigación de los medios Artículo 66 y Expediente Público determinó que desde 2007, cuando Daniel Ortega regresa al poder en Nicaragua, las incautaciones de droga “han tenido una disminución importante” y, en cambio, han aumentado los decomisos de dinero.

“Es fuera de lo común, llama la atención”, señala la socióloga y experta en seguridad pública, Elvira Cuadra. “La Policía hace incautaciones de grandes sumas de dinero, pero no hay incautaciones o decomiso de otro tipo de recursos del crimen organizado, ni hay detenciones de las células o de grupos de crimen organizado. Cuando llegan a alguien, es a personas de menor importancia, colaboradores, que simplemente están haciendo la labor de trasiego del dinero”.

“Con los vacíos de información que hay, solo se pueden formular hipótesis”, dice Cuadra.

“Una es que las persona vinculadas a grandes sumas de dinero y que están sancionadas, están usando ese mecanismo para limpiar el dinero porque no lo puede tener en bancos y no lo pueden poner a circular. Una vez que el dinero es incautado, entre comillas, con los niveles de discrecionalidad para la custodia de esos recursos, lo pueden incorporar en el sistema financiero nacional y no están cubiertos bajo la sombra de la sanción”.

El departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos impuso el 5 de marzo pasado, sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua, a quien acusa de “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.

Individualmente, también están sancionados por Estados Unidos, el director de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz, y otros cuatro altos jefes.

Antes, el 28 de enero de 2019, Estados Unidos sancionó a la empresa venezolana nicaragüense, Albanisa, que maneja la millonaria cooperación petrolera de Venezuela con Nicaragua. En los últimos tres años, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a 23 personas y siete entidades, todas ellas vinculadas al gobierno o empresas de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Los que están sancionados no pueden mover ese dinero a través del sistema financiero, pero una vez que lo lavás, lo blanqueás a través de una operación de este tipo, el poder judicial lo mete a los bancos. Es una operación común. El lavado dinero no siempre se relaciona con narcotráfico”, explica la socióloga.

“La otra posibilidad es que haya algún tipo de arreglo entre grupos del crimen organizado y que esta sea una forma de pago, ya sea a la Policía o al gobierno, por algún tipo de permisibilidad”.

Hay una tercera explicación posible, señala, y es que son incautaciones realizadas por la eficiencia de la Policía, aunque reconoce no tener mucho respaldo para formularla.

“Si la policía fuera eficiente, el resultado sería no solo la incautación del recurso, sino la detención del grupo organizado”.

“Pueden ser meras casualidades, pero tantos casos con tan grandes cantidades de dinero es demasiada causalidad”.

Cuadra afirma que en el resto de países de Centroamérica, el comportamiento de narcos y policías es distinto. “En los otros países, cuando se hacen incautaciones, van sobre el grupo, está el grupo, la droga, los vehículos y el dinero”.

“Si se tratara de incautaciones que de verdad afectan a los narcos, en algunas zonas del país habría algunas guerritas instaladas en contra de la Policía porque los narcos toman represalias por ese tipo de operaciones”.

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