El socialista hace su petición junto al estuprador Evo Morales

Zapatero pide a la UE que cambie su postura respecto a Venezuela y apoye al tirano Maduro

El ex presidente socialista español es de los 'compinches' que han ido a Caracas para participar como observador internacional invitado por los torturadores

Zapatero pide a la UE que cambie su postura respecto a Venezuela y apoye al tirano Maduro
Zapatero con Maduro. PD

Le importan a José Luis Rodríguez Zapatero un comino los cientos de presos políticos, los miles de torturados, las estudiantes violadas con botellas en las mazmorras, los cinco millones de ciudadanos que han tenido que exilarse o que su colega Nicolás Maduro se salte todas las leyes.

Hay quien dice en Venezuela que contribuye a ello que sus amigos chavistas le están llenando los bolsillos, pero la tesis más general es que tras revivir el guerracivilismo en España y arruinar el país, no tiene vuelta a atrás y ha optado por hacerse ‘rojo de verdad’, como decía en su día a la revistas del corazón.

El expresidente socialista español, quien se encuentra en Caracas, tuvo la desvergüenza de pedir este 6 de diciembre de 2020 a la Unión Europea (UE) que reflexione sobre su postura respecto a la Venezuela chavista, después de las fraudulentas elecciones legislativas celebradas este domingo y en las que él, junto a otros ‘colegas’ como el estuprador Evo Morales, participó como observador internacional invitado.

«Deseo que la UE haga una reflexión después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado de sí la política de sanciones (contra Venezuela)».

Como no podía ser de otra manera, Zapatero lanzó su soflama desde la propia televisión estatal venezolana.

Dice el antiguo líder del PSOE, obviando la ilegitimidad de los comicios y todas las trampas urdidas a su alrededor, que a partir de este lunes, «debe haber una reflexión a fondo» por parte de quienes han apoyado la política del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a Venezuela.

Zapatero pasa por alto que ni una sóla democracia occidental reconocerá la estafa electoral y que no es sólo EEUU quien se opone

«Todo el mundo puede entender mi discrepancia radical con la estrategia de la Administración Trump hacia Venezuela. Era una estrategia que partía de errores graves de información, que tomó medidas injustas y que ha fracasado en los resultados».

Por ello, espera que después de «la derrota clamorosa» de Trump y, con esta, «de toda la estrategia que había hacia Venezuela» se abra un nuevo camino en el país suramericano en el que se impongan el diálogo y la concordia.

Zapatero ha reiterado su satisfacción por el desarrollo de las votaciones legislativas en el país, en las que no participa la oposición mayoritaria que lidera Juan Guaidó y que controla actualmente la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) al considerarlas fraudulentas.

«Sé que en este proceso electoral hay partidos de oposición, más de 10, que han decidido concurrir a estas elecciones (…) también hay partidos de oposición, líderes de oposición, que han decidido no concurrir en las elecciones», ha explicado tras insistir, sin ponerse colorado, en que los comicios gozan de pluralidad.

Europa, cuyos países reconocen en su mayoría a Guaidó como jefe de Estado interino desde 2019, se dispone a rechazar los resultados después de una elección en la que la opción oficialista no tenía rivales con la salvedad de un sector minoritario de comparsas del sistema, liderado por personajes acusados de corrupción.

Violación de derechos humanos: Los amigos de Zapatero en el banquillo de los acusados

La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas concluye que tanto el Gobierno chavista, como los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos en Venezuela.

El informe del grupo de expertos indica que el Presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes.

Los integrantes de la Misión señalan que el Estado venezolano debe exigir cuentas a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas e impedir que se produzcan nuevos actos

La Misión, encargada de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, publicó este miércoles su informe sobre 223 casos indagados.

Los expertos no pudieron visitar Venezuela debido a la ausencia de respuesta gubernamental pese a las reiteradas solicitudes, además de las restricciones de viaje impuestas por la pandemia de COVID-19.

Pese a ello, consiguieron 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizaron una serie de documentos confidenciales.

Posibles crímenes de lesa humanidad

El estudio identifica “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado” y añade que “parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.

Los responsables del análisis indicaron que las autoridades estatales de alto rango “tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones”.

Además señala que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto y que “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Añadió que “lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.

Ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad

La Misión investigó dieciséis casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2552 incidentes en los que se produjeron más de 5000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad,

El informe responsabiliza a dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – del 59% de las muertes perpetradas en el período analizado y dice que también cometieron las ejecuciones extrajudiciales documentadas.

Los expertos desatacan que “las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas”.

Detención y tortura por motivos políticos

El estudio de la participación de los servicios de inteligencia estatales concluye que el objetivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) era identificar “a la disidencia política y a activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno”, mientras que el objetivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) era el personal militar y los civiles asociados  presuntamente implicados en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los detenidos solían estar fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales y en algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso, apunta el informe

Francisco Cox, uno de los tres miembros de la Misión, explicó que las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra la población civil formaban parte de una estrategia para silenciar a la oposición.

Cox añadió que “los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados”.

El poder judicial, en tela de juicio

Por último, el estudio también cuestiona la intervención del poder judicial venezolano que no logró controlar a otros agentes estatales y señala la necesidad de continuar investigando “hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial”.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Valiñas.

NOTA.- La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, se estableció en virtud de la resolución 42/25,  del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019. Su mandato de un año fue investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014.

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