Human Rights Watch denuncia ''graves irregularidades'

La Policía de Bolivia captura y se lleva presa a la expresidenta de facto Jeanine Áñez

La expresidenta 'de facto' y sus principales colaboradores son ahora acusados de "terrorismo, sedición y conspiración" en el marco del caso del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019

La Policía de Bolivia captura y se lleva presa a la expresidenta de facto Jeanine Áñez
Jeanine Áñez. PD

La expresidenta ‘de facto’ de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida este 12 de marzo de 2021 por la Policía, ejecutando la orden de aprehensión en su contra por el caso del golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales, perpetrado en noviembre de 2019.

La noticia fue confirmada por el ministro del Gobierno, Eduardo Del Castillo, a través de su cuenta en Twitter. «Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía».

Tras su aprehensión, Áñez denunció que ha sido víctima de «abuso y persecución política».

«Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el Gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos», escribió la exmandataria ‘de facto’ en su cuenta de Twitter.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, cuestionó este viernes la orden de arresto de la ex presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y cinco de sus ex ministros por la causa que investiga el supuesto “golpe de Estado” contra Evo Morales en noviembre de 2019, por contener importantes irregularidades que generan dudas de estar frente a un “proceso basado en móviles políticos”

“Los órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de ‘terrorismo’. Por ello, generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”, señaló Vivanco desde su cuenta de Twitter con una publicación que incluyó fotos de varias páginas de la resolución de aprehensión.

Y, en un segndo tuit, añadió: “Las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros invocan —al igual que la de Evo Morales en 2020– la ambigua figura de ‘terrorismo’ que se presta a arbitrariedades. En 2020 pedimos que se retiraran los cargos contra Morales por ese mismo motivo”.

“Cualquier delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia”, concluyó el director de la prestigiosa ONG defensora de los derechos humanos.

LOS HECHOS

Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, en donde Evo Morales obtuvo una ventaja de más de 10 puntos sobre su principal contendiente, Carlos Mesa, la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe denuciando irregularidades en el proceso, y el titular del organismo, Luis Almagro, llamó a anular los comicios.

En medio de las fuertes protestas en Bolivia tras los resultados electorales, Morales anunció unos nuevos comicios.

No obstante, la presión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional lo obligaron a renunciar a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019.

Tras el golpe de Estado, Morales huyó a México para salvar su vida y Áñez, quien en ese momento era la exsegunda vicepresidenta del Senado de Bolivia, se autoproclamó presidenta interina del país.

Áñez apuntó este viernes que se trató de «una sucesión constitucional debido a un fraude electoral».

En ese sentido se expresó el expresidente del Comité Pro Santa Cruz y actual gobernador electo del departamento, Luis Fernando Camacho, quien fue uno de los impulsores del golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019.

En una carta dirigida al presidente boliviano Luis Arce, Camacho negó el golpe de Estado contra Morales y advirtió en nombre del pueblo cruceño, que «no se quedará de brazos cruzados ante el abuso» y que combatirá con todas sus fuerzas el «amedrentamiento» y la «persecución».

El opositor Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), quien perdió la elección contra Morales y alimentó las sospechas de un fraude electoral, también denunció un «proceso brutal y arbitrario de persecución política» por parte de la Administración de Arce.

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