Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que la sentencia sobre la tragedia de Bhopal, dictada ayer por un tribunal indio, ha llegado «tarde y mal», al tiempo que ha pedido a los Gobiernos de India y Estados Unidos que garanticen la rendición de cuentas de los responsables estadounidenses de la empresa Union Carbide Corporation (UCC).
Siete directivos indios de la Union Carbide India Ltd (UCIL), filial india de la empresa, fueron declarados culpables de «negligencia criminal», un cargo que implica una pena máxima de dos años de cárcel. Los convictos, entre los que figura el entonces director de UCIL, Keshub Mahindra, han sido condenados a dos años de cárcel con derecho a fianza y a una multa de 100.000 rupias (unos 1.775 euros).
El veredicto y la sentencia sólo afectarán a los dirigentes indios de la desaparecida Union Carbide de India, que ha sido condenada a una multa de 500.000 rupias (casi 8.900 euros). El tribunal no ha hecho mención alguna al que fuera director de Union Carbide Corporation durante las fechas del desastre, el estadounidense Warren Anderson, quien reside en Estados Unidos y lleva 23 años eludiendo la justicia pese a los cargos presentados por la Policía india.
«Estas declaraciones de culpabilidad son históricas, pero llegan tarde y mal», declaró la directora de asuntos globales de Amnistía Internacional, Audrey Gaughran. «Veinticinco años es un plazo de tiempo inaceptable para los supervivientes del desastre y para las familias de los muertos», añadió.
«Los veredictos contra los acusados indios son claramente insuficientes», prosiguió. «Los Gobiernos de India y Estados Unidos deben garantizar que los acusados extranjeros, incluida la UCC, comparecen ante la justicia», advirtió.
En la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, la fábrica de pesticidas de Union Carbide en Bhopal sufrió un escape de alrededor de 40 toneladas métricas de metilo tóxico isocianato (MIC) que se extendió por toda la ciudad, en el centro de India. Alrededor de medio millón de personas se vieron expuestas al escape de gas tóxico, que causó entre 7.000 y 10.000 muertos en primera instancia –apenas 3.500, según el Gobierno– y entre 15.000 y 25.000 muertos en los siguientes 20 años.
En las primeras horas de la tragedia, nueve personas y tres corporaciones fueron imputadas, aunque los cargos no fueron presentados oficialmente antes de 1987. Entre los acusados figuraban ocho directivos indios de la UCIL o de la planta de Bhopal –uno de los cuales falleció durante el proceso– y el propio Warren Anderson. Las corporaciones acusadas fueron la UCIL, la UCC y UCE, una empresa subsidiaria de UCC radicada en Hong Kong pero legalmente norteamericana.
Según AI, 25 años después del desastre, el lugar aún no ha sido descontaminado, el escape de gas tóxico y su impacto no han sido adecuadamente investigados, alrededor de 100.000 personas siguen sufriendo secuelas en su salud sin recibir los cuidados médicos que necesitan y los supervivientes siguen esperando las compensaciones.
WARREN ANDERSON
Aparte, el antiguo director de UCC, el estadounidense Warren Anderson, acusado en 1987 por la Policía india, no ha comparecido ante el tribunal indio y continúa huido de la justicia. «Mientras que los empleados indios han sido juzgados y convictos, los acusados extranjeros han podido eludir la justicia simplemente permaneciendo fuera del país, esto es absolutamente inaceptable», advirtió Audrey Gaughran.
«Todos los esfuerzos por extraditar a Warren Anderson han sido infructuosos», prosiguió. «UCC sigue desafiando a la jurisdicción india, negándose a acatar las reiteradas citaciones para que comparezcan antre el tribunal penal de Bhopal», añadió AI. «Como consecuencia de ello, no ha sido posible la actuación penal contra Anderson ni contra UCC», denunció.
Union Carbide Corporation pertenece desde 2001 a la compañía norteamericana The Dow Chemical Company. Los supervivientes y las organizaciones de Derechos Humanos han reclamado que Dow asuma sus responsabilidades en el desastre y ayude a paliar sus consecuencias, en particular la contaminación de las aguas, pero la empresa «ha ignorado por sistema estas peticiones», según AI.
«Con demasiada frecuencia, la compleja estructura de las compañías y el hecho de que las empresas operen en el marco de múltiples jurisdicciones son obstáculos importantes para que las compañías rindan cuentas», lamentó Audrey Gaughran.
Las investigaciones penales en Bhopal no se realizaron a su debido tiempo y no fueron efectivas, y en este periodo «miles de personas han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el gas», denunció AI. El Estado indio «no ha cumplido sus obligaciones internacionales» y han permitido que «las investigaciones se prolongasen con los años, denegando tanto a las víctimas como a los acusados el derecho a una rendición de cuentas penal, adecuada y sin aplazamientos indebidos», agregó.
