Filipinas vivió hoy el primer aniversario de la matanza de 57 personas en el sur del país lamentando la impunidad y el lento juicio a casi 200 imputados, sicarios de un poderoso clan protegido por un ejército privado que sigue armado.
El presidente filipino, Benigno Aquino, participó en un acto de homenaje en que prometió justicia para todas las víctimas, entre las que hubo 32 periodistas.
Aquino respondió así a varios grupos de derechos humanos, que en los últimos días habían protestado por la lentitud de un proceso que en un año todavía no ha pasado de la fase de instrucción contra los 196 acusados.
«No descansaremos hasta que se haga justicia», dijo el líder filipino, quien declaró la fecha de hoy como Día del Recuerdo y ordenó a todos los empleados gubernamentales llevar alguna prenda negra como símbolo de luto y unidad.
Los actos de protesta y solidaridad con los asesinados se multiplicaron en todo el país, especialmente en la escena del crimen en la provincia de Maguindanao, donde la ministra de Justicia, Leila de Lima, lideró una marcha de homenaje a las víctimas.
El principal sospechoso es Andal Ampatuan Jr., miembro de una notoria dinastía que controlaba la provincia desde 2001 y quien pretendía eliminar a Ismail Magudadatu, quien quería disputarle a su padre y patrón el puesto de gobernador en las elecciones del pasado mayo.
Ampatuan y su escuadrón de casi 200 pistoleros secuestraron y luego ejecutaron, mutilaron y enterraron en fosas comunes a los 57 integrantes de la caravana, entre ellos la esposa del político rival, quien meses después fue elegido gobernador.
«Fue el momento más oscuro de la historia de Maguindanao y las víctimas deben ser consideradas como mártires», declaró Mangudadatu durante la inauguración de una placa en recuerdo de los asesinados.
Un año después, varios grupos de derechos humanos han denunciado la fuerte influencia que mantienen en la zona los Ampatuan y el ritmo parsimonioso del juicio, que no se inició hasta el pasado 8 de septiembre.
Leila de Lima reconoció hace unos días que sería un éxito que la sentencia estuviera lista dentro de seis años, cuando termine el mandato del presidente Aquino, un plazo considerado excesivo para los familiares.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, Etta Rosales, reclamó al Gobierno que acelere el proceso y que las sesiones se retransmitan en directo por televisión.
«Eso permitirá a los familiares de las víctimas seguir el juicio sin tener que desplazarse a Manila», argumentó.
Aquino se mostró favorable a esta propuesta pero, en cambio, sembró la discordia con su negativa a desmantelar el centenar largo de ejércitos privados como el que perpetró la masacre, pese a que así se lo han exigido prestigiosas organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
«Son necesarios porque la capacidad de nuestras fuerzas del orden para garantizar la seguridad es limitada por el fuerte aumento de la población», se justificó el presidente.
Las milicias privadas de los caciques locales, amparadas por el Gobierno con el pretexto de que luchan contra las guerrillas comunistas y musulmanas y contra la delincuencia en general en las zonas más convulsas, son una seña de identidad de la política filipina.
Algunas milicias, como la controvertida Unidad Geográfica de Fuerzas Armadas Civiles, acostumbran a intimidar a la población y los rivales del gobernante de turno para perpetuar a éste en el poder, sobre todo en periodo electoral.
No obstante, Aquino matizó que impulsará la profesionalización de estos grupos y garantizará que sean responsables de sus actos ante la justicia.
Entre los 196 imputados por la masacre figuran Andal Ampatuan, el patriarca de la familia, tres hermanos y un tío, junto a policías y numerosos miembros del ejército privado.
La dinastía monopolizó el poder durante años en Maguindanao y se le permitió mantener a sus sicarios a cambio de garantizar la victoria en la provincia en las elecciones de 2004 de la anterior presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo.
Maguindanao y en general todo el sur de la isla de Mindanao tienen un largo historial de violencia y pobreza forjado durante décadas de conflicto con grupos independentistas musulmanes, la guerrilla comunista y terroristas islámicos.
Eric San Juan
