La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) cree que, de seguir adelante el procedimiento, deberá demostrarse cómo afectaron a la seguridad nacional las imágenes filtradas del atentado del pasado 25 de agosto en Afganistán, en el que murieron dos guardias civiles y un intérprete, y por cuya difusión han sido detenidos dos miembros de las Fuerzas Armadas.
A los dos militares arrestados, un sargento primero del Ejército de Tierra y un cabo primero del Ejército del Aire, se les considera presuntos autores de un delito de revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad nacional, castigado en el Código Penal Militar con hasta diez años de prisión.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de AUME, Mariano Casado ha defendido que deberá aclararse, en primer lugar, si la información que se facilitó a un medio de comunicación estaba legalmente clasificada y tendrá que demostrar «en qué sentido afecta a la seguridad nacional».
Además, para el portavoz de la asociación de militares, este caso reabre la «vieja polémica» entre la obligación de no relevar determinadas informaciones y la necesidad de conocer de la opinión pública.
Por otra parte, Casado ha recalcado que la investigación de la «causa principal» de ese atentado, la muerte de los dos guardias civiles y el intérprete a manos de un talibán infiltrado que fue abatido, «está más retrasada». «El autor murió, pero no sabemos quiénes fueron los instigadores», ha dicho.
