AUME afea a Defensa que no haya «recordado» el accidente del ‘Cougar’ y lamenta que sigue habiendo «dudas razonables»

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha reprochado este martes al Ministerio de Defensa que no haya «recordado» el sexto aniversario del accidente de un helicóptero Cougar en Afganistán, en el que murieron 17 militares españoles, y ha lamentado que no haya tenido el «reconocimiento» que merece un hecho como éste.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la asociación, Mariano Casado, ha denunciado además que, seis años después de esta tragedia, «no se sabe toda la verdad» y siguen existiendo «muchas dudas razonables» sobre «qué pasó» aquel 16 de agosto de 2005.

Además, ha asegurado que las familias de las víctimas seguirán peleando para que la justicia siga investigando las causas por las que el helicóptero impactó contra el suelo. Por ello, la familia del piloto del aparato, David Guitard, ha vuelto a solicitar al Juzgado Togado Militar territorial número 11 de Madrid que reabra la causa.

El padre del capitán del Ejército del Aire, Eduardo Guitard, ha presentado un recurso de apelación tras el segundo archivo por parte de este Juzgado, que ya se vio obligado a reabrir la investigación que cerró por primera vez en junio de 2008.

«QUEDAN PRUEBAS POR REALIZAR»

Casi tres años después, en febrero de 2011, el juez militar archivó de nuevo las actuaciones, decisión que ha sido recurrida por la familia, representada por el portavoz de AUME. En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la familia denuncia que la causa se ha vuelto a cerrar «en falso», entre otras razones, porque «quedan pendientes la realización de diversas diligencias de investigación sustanciales» que fueron acordadas por el mismo juez o por el Tribunal Militar Territorial Primero, que ordenó la reapertura.

Además, alega que el auto de archivo «no contiene motivación alguna que justifique por qué se acuerda la finalización de la investigación». De hecho, denuncia que este auto es «copia literal» del que en junio de 2008 archivó por primera vez la investigación. «Son literalmente iguales, punto por punto, coma por coma, incluso los errores», recalca, antes de lamentar que «para decir lo mismo, o para no decir nada» se haya «dilatado tanto tiempo» la decisión.

Por lo que se refiere a las pruebas que no se han practicado, denuncia la familia que no se ha remitido el informe sobre el mulá Dabulá y su relación con las milicias talibán, así como la posible relación de dichas milicias y de este mulá con el siniestro del helicóptero y sobre la existencia de un vídeo que se emitió en televisiones británicas en las que «al parecer el mulá Dabulá manifestaba que los talibanes habían sido los responsables del derribo» del helicóptero.

Y esto a pesar de que la Comisaría General de Información informó de que estaba realizando «gestiones a nivel internacional» sobre esta reivindicación de «cuyo resultado» iba a dar cuenta al juzgado togado militar.

Igualmente, avisa de que no se ha tomado declaración, como se acordó, al entonces jefe de la Policía Local de Herat y a un intérprete, ambos «testigos presenciales de los hechos acontecidos en los momentos posteriores al siniestro y testigos de la práctica de diversas diligencias relevantes», sin que se conozca «la razón de no haber sido realizadas». Tampoco se ha interrogado a tres jóvenes afganos que «presenciaron el siniestro».

Además, en el recurso, el letrado denuncia que se vio «privado» de interrogar a un perito en relación con «las circunstancias que pudieron ser las causantes de los fallecimientos y, en su caso, conocer la autoría si la hubiere de los responsables de dichos hechos», cuando de lo que se trataba en el proceso era de «esclarecer la verdad».

Por otra parte, vuelve a cuestionar la validez del atestado que se realizó y, entre otras cosas, alega de nuevo que el instructor del atestado interrogó «supuestamente» a varios afganos junto a un responsable del CNI, sin que se hayan documentado esas declaraciones por escrito, al margen de otros defectos formales, tales como la ausencia de firmas en declaraciones de algunas personas que pudieron haber aportado datos relevantes.

Por todos estos motivos, solicitan al Juzgado Togado Militar número 11 que reabra la causa y lleve a cabo las diligencias que no se han practicado.

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