Japón ha ejecutado hoy a tres reos condenados a la pena capital, casi dos años después de que se cumplieron las últimas ejecuciones en el país asiático en julio de 2010, informó el Ministerio de Justicia.
Los ejecutados, todos ellos de nacionalidad japonesa, son Yasutoshi Matsuda, de 44 años; Yasuaki Uwabe, de 48, y Tomoyuki Furusawa, de 46, detalló el ministro de Justicia, Toshio Ogawa, en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en Tokio.
Matsuda fue ajusticiado en Fukuoka (suroeste), tras haber sido condenado por robo y el asesinato de dos antiguas novias en 2001, mientras que Uwabe murió en Hiroshima (suroeste) tras haber sido declarado culpable del asesinato de 5 personas y 10 heridos tras empotrar intencionadamente su coche en una galería en 1999.
Por último, Furusawa fue ejecutado en Tokio tras asesinar a su hijo y a los padres de su mujer, de la que estaba en proceso de divorcio, en 2002.
El ministro de Justicia afirmó durante la conferencia que dar la orden de la pena de muerte, que en su opinión apoya el 85 por ciento de la población nipona, ha supuesto «una responsabilidad importarte».
«Sé que hay polémica sobre la pena de muerte, por eso estoy escuchando las opiniones a favor y en contra, y hasta que llegue a una resolución, tengo que cumplir mis funciones», aseguró.
Japón, que junto con EEUU es el único país industrializado y democrático que aún aplica la pena de muerte, ejecuta en la horca a los condenados, en el mayor de los secretos, sin aviso previo a los reos y sin testigos.
La decisión del Ministerio de Justicia ha provocado la reacción de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, cuyos representantes subrayaron a Efe su «profundo rechazo» por las ejecuciones.
Un portavoz de la organización condenó la aplicación de la pena de muerte en el archipiélago al suponer una violación de los derechos humanos, y mostró su decepción después de que hace apenas dos semanas se reunieran con el ministro Ogawa y no les informara de las inminentes ejecuciones.
Según el Ministerio de Justicia, 132 presos se encuentran en la actualidad condenados a la pena de muerte en Japón.
