El caso del ciudadano kazajo Alexander Pavlov son de los que pueden protagonizar una película en serie. Pavolov fue miembro de las fuerzas especiales de Kazajistán, un país rico en petróleo y gas, y posteriormente se incorporó como guardaspaldas de Mujtar Ablyazov y jefe de seguridad del BTA BANK, la mayor entidad financiera de aquella república centroasiátiica.
Ablyazov fue ministro del gobierno kazajo y presidente del principal banco de esta república.
Dicho de otro modo, Alexander Pavlov es un ex policía kazajo que fue contratado por Ablyazov para que se hiciera cargo de su seguridad y la del banco que presidía sin haber sido nunca un político en ejercicio.
El ex policía y su jefe huyeron de su país tras conocerse el robo de 6,7 mil millones de dólares americanos en dicha entidad financiera kazaja donde presuntamente y según sostienen las autoridades kazajas participaron. También se les acusa de haber preparado un atentado terrorista en la ciudad Kazaja de Almaty.
Pues bien, tras su huida por Europa, Alexander Pavlov fue detenido por la Policía Nacional española (desde Kazajastán se había dictado orden internacional que Interpol ejecuta) el 11 de diciembre del 2012 portando un pasaporte falso de la República de Moldavia. Al conocerse que había sido interceptado en Madrid el gobierno del presidente Nazarbayev formuló demanda de extradición para jugar en su país por dos delitos (fraude bancario y terrorismo) al hombre de confianza de Mujtar Ablyazov, a quien la justicia francesa acaba de extraditar a Rusia y, Ucrania tras haber pasado en prisión 15 meses tras su detención en la mansión de la Costa Azul gala en virtud de una orden de búsqueda y captura emitida por Interpol a petición de las autoridades de los tres países citados.
EXTRADICIÓN POR LA AUDIENCIA NACIONAL
Pues bien, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional consideró el 21 de julio del 2013 por unanimidad de sus tres miembros «Procedente» la extradición solicitada por la República de Kazajistán al reconocer los delitos por los que Pavlov es perseguido por la justicia kazaja.
Se detallan los hechos para la acusación de Alexander Pavlov de fraude bancario -que habría consistido en haber tenido participación en el apoderamiento de fondos del BTA BANK en cantidad de 22.500.000 US$. Asimismo, se detallan los hechos por los que se le acusa de haber organizado y preparado la colocación de un artefacto explosivo en el parque de «Family» en la ciudad de Almaty que fue fustrado por la intercepción policial.
«Pese a importante material que se ha permitido incorporar a la defensa de Pavlov en apoyo de su tesis de motivación «política» -añade la referida sentencia judicial- no vemos fundadas razones para creer que la extradición esconda un motivo de tal tipo…Tampoco el reclamado acredita haber tenido una dedicación o proyección política en su país que permita pensar en que la razón de su persecución sea por tal motivo».
Tras el recurso pertinente el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en fecha del 15 de noviembre 2013, presidida por el juez Fernando Grande-Marlaska ratifica la anterior sentencia con el aval de diez magistrados. Sostienen que la legislación kazaja no incluye penas inhumanas o degradantes y son acordes para esos delitos con las establecidas en el Código Penal de España. Subraya que Kazajistán ha ofrecido garantías suficientes al Estado Español para que Pavlov no sea torturado ni sufrirá trato que vulnere los Derechos Humanos.
KAZAJISTAN DA GARANTIAS
La República de Kazajstan ha venido ofreciendo garantías de imparcialidad y respeto total a las leyes internacionales ante un eventual proceso contra Pavlov. Así el Fiscal General kazajo manifestó por escrito que serían respetado todos los derechos procesales que asisten al perseguido de conformidad con el ordenamiento jurídico kazajo y los Convenidos Internacionales que esta república tiene suscritos. En particular el convenio de extradición que tiene firmado con España que supone que la legislación y practica kazaja corresponden a lo stándares democráticos internacionales. Se garantizan las visitas por parte de los observadores internacionales de cualquier tipo y condición.
Pues bien, con todos estos antecedentes, el consejo de ministros del 14 de febrero del 2014, presidido por el presidente Mariano Rajoy, acordó extraditar a Pavlov a Kazajistán iniciándose los trámites habituales dentro de la legalidad española -extraordinariamente garantista- para proceder a su envío al país del que es oriundo. El Gobierno se había negado en todo momento a conceder a Pavlov el estatus de «refugiado político» al no dar pábulo a las pretensiones de Alexander Pavlov de ser considerado como tal porque los delitos de los que se le acusan están probados a la espera precisamente de ser sustanciados en un juicio.
Lo curioso del caso es que la defensa de Alexander Pavlov consiguió éxito al presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que dictó al Gobierno español para que documente su petición de negación de asilo. Tras su fallo, el ciudadano kazajo fue puesto en libertad tras depositar fianza de 30.000 euros que pudo abonar en menos de 24 horas. Ahora vive como un marajá en la milla millonaria de Marbella a la espera de nuevo informe de la Comisión Interministerial.
