Son numerosos los campos de concentración en el noroeste de China, una de las pocas personas que han podido contar lo que se vive dentro es Omir Bekali, nacido en Xinjiang de padres de etnia kazaja y uigur.
«Cada mañana, entre las 07:00 y las 07:30 horas, teníamos que cantar el himno nacional chino (…) Nunca quise cantar, pero debido a la repetición diaria, se graba en la mente. Incluso un año después, la música aún resuena en mi cabeza», relató en una entrevista con la agencia AFP a principios de 2019.
Los campos son utilizados por el régimen de Xi Jinping contra miembros de la minoría musulmana uigur, los someten a trabajos forzosos y los mantienen como víctima de sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Estados Unidos, uno de los países que más ha condenado los abusos de Beijing sobre esa comunidad, anunció este lunes que prohibirá las importaciones de productos elaborados con el trabajo forzado de uigures.
Musulmanes uigures recluidos en campos de concentración.
En junio, Donald Trump promulgó una ley que autoriza sanciones a funcionarios chinos acusados de estar involucrados en violaciones a derechos humanos de miembros de la minoría musulmana uigur.
«Esta ley apunta a los autores de las violaciones de los derechos humanos y abusos como el recurso sistemático a campos de adoctrinamiento, a trabajos forzados y a una vigilancia intrusiva para erradicar la identidad étnica y las creencias religiosas de los uigures y otras minorías en China», dijo el mandatario.
Desde hace años asociaciones de derechos humanos denuncian la persecución que sufren las minorías étnicas en Xinjiang. Sin embargo, el año pasado salieron a la luz numerosas evidencias de esos campos de concentración y de las torturas que sufren los prisioneros, que se calculan en más de un millón.
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— FRANCE 24 Español (@France24_es) February 19, 2020
Como es habitual en su proceder ante los ojos del mundo, el régimen chino primero negó su existencia. Luego, en medio de denuncias incluso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las autoridades indicaron que se tratan de “centros de educación vocacional”. Según Beijing, el objetivo es eliminar cualquier pensamiento extremista en la región.
Lo ha causado mayor asombro, es la revelación de un documento secreto del gobierno chino que se conoció a principios de este 2020, en él se puede leer que el gigante asiático persigue a los musulmanes uigures porque temen que procreen y generen «una infección religiosa».
Según las 137 páginas filtradas, las detenciones en los llamados «centros de formación profesional», no se justifican por la comisión de un delito. Tampoco para enseñar chino y brindar capacitación laboral a los que denomina oficialmente «estudiantes», como había argumentado el régimen.
Esas personas representan «una infección religiosa menor», porque «molestan a otras personas al visitarlas sin motivo», porque «tienen familiares en el extranjero» o porque son «poco fiables y nacidas en una determinada década», lo cual alude a los varones jóvenes nacidos desde 1980.
Otros factores de peso para decidir la detención de alguien son «viajes al extranjero» (algunos de los detenidos habían participado de peregrinaciones a La Meca), «obtención de un pasaporte”, “instalación de software extranjero”, “visitas a determinados sitios online extranjeros”. Entre las actividades que se vigilaron se cuentan “rezar”, “asistir a una mezquita”, “llevar barba”, “usar velo”, “tener más hijos que los permitidos”.
Las investigaciones del New York Times e ICIJ
El año pasado The New York Times publicó más de 400 páginas de documentos secretos que ilustran esos mecanismos de vigilancia en Xinjiang. Según explicó el diario norteamericano, “un integrante del sistema político chino que solicitó mantener su anonimato filtró los documentos con la esperanza de que su divulgación evitara que los dirigentes del Partido Comunista, incluido Xi Jinping, eludieran la responsabilidad por el proyecto”. “Es una de las filtraciones más importantes en décadas de documentos que proceden del interior del Partido Comunista”.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) también denunció las violaciones a los derechos humanos contra las minorías musulmanas. Refiriéndose a los detenidos como “estudiantes” que deben “graduarse” en los campos, las pautas establecen cómo el personal debe manejar su vida cotidiana, por ejemplo, asegurando “cortes de pelo y afeitados a tiempo”, al tiempo que enfatizan que a los detenidos se les prohíbe tener teléfonos celulares, según las evidencias publicadas por ICIJ.
“Los estudiantes (…) no pueden contactar con el mundo exterior excepto durante las actividades prescritas”, dice el memorando, y agrega que el personal debe “manejar estrictamente a los estudiantes que soliciten tiempo libre”. Si los llamados estudiantes “realmente necesitan abandonar el centro de capacitación debido a una enfermedad u otras circunstancias especiales, deben tener a alguien que los acompañe, monitoree y controle”.
Los documentos filtrados también develan el intenso uso de datos e inteligencia artificial que está haciendo el gobierno chino como sistema de control social. Por ejemplo, luego de tomar información recolectada por el masivo sistema de vigilancia en el país, las computadoras definen listas con decenas de miles de personas designadas para interrogación o detención.
Las detenciones, casi todas extrajudiciales, de casi dos millones de uigures y miembros de otras minorías musulmanas en el oeste de China han generado preocupación en todo el mundo y numerosas denuncias de organismos de Derechos Humanos y la ONU.
Pese a la condena internacional, China defendió el contenido del vídeo calificándolo de “normal”. “El combate decidido contra el crimen se da de acuerdo a la ley y es una práctica común en todos los países”, indicaron las autoridades de Xinjiang en octubre del año pasado en un comunicado citado por la cadena CNN.
