El Ejército birmano ha declarado el estado de emergencia durante un año y se ha hecho con el poder en un golpe de estado en el que ha detenido esta madrugada a la líder de hecho del Gobierno de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y al presidente del país, Win Myint. Han quedado arrestados también líderes estudiantiles, dirigentes étnicos y diputados de la Liga Nacional Democrática, el partido de Suu Kyi, que había repetido una amplia victoria en las elecciones del año pasado.
El hasta ahora vicepresidente, Myint Swe, que fue nombrado en el cargo por los militares gracias a los poderes que les reserva la actual Constitución, asume la presidencia, mientras que el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, controlará a las autoridades.
Las líneas de teléfono y comunicaciones permanecen cortadas desde primera hora de la mañana en todo el país mientras que el único medio de comunicación que está emitiendo es el canal de los militares. El parlamento de Birmania tenía previsto celebrar este lunes la primera sesión de la legislatura tras las elecciones de noviembre de 2020, cuando la LND, formación de Suu Kyi, consiguió una aplastante victoria.
En un comunicado distribuido por las redes sociales, el partido de la premio Nobel de la Paz, mayoritario en el Parlamento, llama a la población a echarse a la calle.
Insta al pueblo birmano a no aceptar el golpe y a protestar públicamente, y ha denunciado la acción militar como una “vuelta del país a la dictadura”.
Los rumores de golpe de Estado se habían ido intensificando desde que el pasado martes el portavoz militar Zaw Min Tun se negara a descartar la toma del poder por parte del Ejército tras denunciar supuestas irregularidades en las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre.
El Ejército de Birmania, que gobernó el país entre 1962 y 2011, cuando se inició una transición controlada hacia la democracia, finalmente rechazó el sábado esa posibilidad y garantizó en un comunicado su compromiso con la defensa de la Constitución.
La victoria electoral de Suu Kyi demostró su gran popularidad en Birmania, a pesar de su mala reputación internacional por las políticas contra la minoría rohinyá, a la que gran parte se le niega la ciudadanía y el voto, entre otros derechos.
Las supuestas irregularidades fueron denunciadas en primer lugar por el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), la antigua formación gubernamental creada por la anterior junta militar antes de disolverse. La Comisión Electoral ha negado el fraude electoral en los comicios de noviembre, ganados con una mayoría aplastante por la Liga Nacional para la Democracia al conseguir el 83 por ciento de los 476 asientos del Legislativo.
Los militares, que redactaron la actual Constitución en un plan de ruta para lograr una «democracia disciplinada», contaban ya con grandes poderes en el país, al disponer del 25% de los escaños del Parlamento y de los influyentes ministerios del Interior, Fronteras y Defensa.
