LONDRES, 13 (Reuters/EP)
El ministro principal de Escocia, Alex Salmond, ha roto la correspondencia con cuatro senadores estadounidenses sobre la liberación del único acusado por el atentado de Lockerbie, el libio Abdel Basset al Megrahi, por la negativa de estos a aceptar las explicaciones de su Gobierno sobre los acontecimientos.
Las autoridades escocesas liberaron a Al Megrahi, aquejado de un cáncer de próstata, en agosto del año pasado por motivos humanitarios, porque los médicos le daban solo tres meses de vida.
Al Megrahi, de 58 años, continúa viviendo en Trípoli y este hecho ha aumentado el malestar de Estados Unidos por la decisión de ponerle en libertad. Los políticos estadounidenses sospechan que la petrolera británica BP presionó a las autoridades escocesas para que pusieran en libertad al libio.
Tanto BP como el Gobierno escocés han rechazado la acusaciones, que amenazarón con manchar aún más la reputación de BP tras el vertido de petróleo en el Golfo de México.
«No hay pruebas, circunstanciales o de otra forma, que vinculen las decisiones tomadas por el Gobierno escocés a intereses comerciales», escribió Salmond a los senadores estadounidenses Robert Menendez, Kirsten Gillibrand, Frank Lautenberg y Charles Schumer.
«De hecho, las pruebas sustanciales que existe demuestra que el Gobierno escocés rechazó expresamente cualquier intento de llevar las consideraciones comerciales o empresariales al proceso de toma de decisión por motivos humanitarios, y estableció que la decisiones sólo se tomarían en función de razones jurídicas», añadió en la carta a la que ha tenido acceso Reuters.
Al Megrahi fue condenado a cadena perpetua en 2001 por su participación en el atentado con bomba perpetrado en diciembre de 1988 contra el vuelo 103 de Pan Am con destino a Nueva York, en el que murieron las 259 personas que se encontraban a bordo del avión y 11 en la ciudad escocesa de Lockerbie, sobre la que cayó la aeronave. 189 víctimas eran estadounidense.
Los senadores estadounidenses intentaron llevar a cabo una investigación para determinar si BP influyó en la decisión mientras intentaba cerrar acuerdos con Libia, país productor de gas y petróleo. Sin embargo, varios testigos británicos se negaron a participar.
Un portavoz del Gobierno Escocés dijo que esta semana visitarán Escocia representantes de los senadores estadounidenses. Las autoridades escocesas estarán preparadas para recibirles y proporcionarles información de contexto pero no pruebas formales, dijo Salmond.
«Como sus recientes cartas no plantean temas nuevos de sustancia, trazo una línea bajo esta correspondencia», dice Salmond en su carta, fechada el 10 de septiembre.
BP ha confirmado que presionó al Gobierno británico en 2007 en relación a un acuerdo de intercambio de prisioneros con Libia. Pero las autoridades escocesas, responsable de sus decisiones judiciales, ha señalado que el acuerdo de intercambio de prisioneros no tuvo nada que ver con la liberación.
«Su carta del 19 agosto sigue vinculando el proceso de aplicación (del acuerdo) de transferencia de prisioneros con el proceso, bastante distinto, de aplicar la liberación por motivos humanitarios», señaló Salmond.
«He explicado estos procesos independientes con cierta extensión en nuestra anterior correspondencia. Es muy preocupante que, a pesar de esas explicaciones, parecen incapaces o no dispuestos a entender la naturaleza de estos procesos legales independientes», añadió.
