El referendo para legalizar la marihuana en California será uno de los puntos de más interés de las elecciones legislativas de EE.UU. del martes, en las que se renovará la Cámara de Representantes y se escogerán nuevos senadores y gobernadores.
La llamada Propuesta 19 llegará a las urnas californianas con pocos visos de prosperar según las últimas encuestas publicadas durante el fin de semana, que cifran en un 49 y un 42% los porcentajes de rechazo y aprobación a la legalización, respectivamente.
Popular entre los jóvenes y el colectivo demócrata, la iniciativa persigue la regularización del cannabis en California y su equiparación al tabaco y al alcohol, lo que implicaría despenalizar su cultivo, comercio y consumo para mayores de 21 años en un estado donde actualmente esa droga ya es legal para uso médico.
Los defensores de la medida, entre los que se encuentran el multimillonario financiero George Soros, expertos del Derecho y economistas, argumentan que su aplicación supondría una importante fuerte de ingresos para las arcas públicas y reduciría los costes derivados de arrestos y encarcelamientos asociados al cannabis.
En caso de salir adelante, la Propuesta 19 entraría en conflicto con las leyes federales, que mantienen la marihuana en su lista de sustancias prohibidas, y soliviantaría a los socios latinoamericanos de EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico.
Países como Colombia o México ya mostraron su inquietud a la Administración de Barack Obama por el intento de legalizar la marihuana en California.
Estados como Arizona y Dakota del Sur llevarán la marihuana también el martes a las urnas para lograr que se autorice con fines médicos, algo que ya ocurre en 14 de los 50 estados, a los que podrían sumarse este mes Illinois, Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio y Pensilvania mediante trámites parlamentarios.
Aparte del cannabis, los electores estadounidenses tendrán que pronunciarse mañana sobre una variopinta lista de medidas de origen popular o legislativo que pretenden reformar las constituciones estatales.
Una de las más publicitadas tiene como objetivo prohibir la ley islámica (sharía) en Oklahoma, donde además se buscará aprobar en las urnas una enmienda para reconocer el inglés como idioma oficial del territorio y el único, junto a las lenguas de los indios americanos, susceptible de ser usado por la administración estatal.
En otros 30 estados ya hay legislaciones similares.
En Arizona, Tennessee y Arkansas se votará convertir la caza y la pesca en un derecho constitucional, algo calificado de «ridículo» por quienes se oponen por considerar que son actividades lúdicas que no se encuentran amenazadas.
Los defensores de la iniciativa creen necesario garantizar por ley esta tradicional forma de ocio ante posibles futuros intentos de acabar con ella por parte de grupos ecologistas.
En Colorado los electores tendrán que posicionarse sobre los derechos de los nonatos respondiendo básicamente a la pregunta de qué se considera que es una persona.
La propuesta, promovida por grupos antiabortistas, quiere modificar la constitución para que las leyes protejan a «todos los seres humanos desde el inicio de su desarrollo biológico».
Los habitantes de Rhode Island tendrán ante sí una cuestión de identidad, si aceptan o no modificar el nombre oficial del estado.
Actualmente, este territorio es denominado en su constitución «State of Rhode Island and Providence Plantations», y los legisladores consideran que ha llegado ya el momento de que pase a llamarse simplemente «State of Rhode Island».
A votación también se someterá en Carolina del Norte prohibir por ley que los ex presidiarios puedan en un futuro presentar su candidatura a sheriff (alguacil) en alguno de los condados.
EE.UU. renovará el 2 de noviembre los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 37 de los 100 del Senado y 37 puestos de gobernadores, además de otros puestos locales y estatales.
