El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), ha rechazado el recurso interpuesto por el Gobierno y ha confirmado la condena a España a indemnizar con 20.000 euros al exportavoz de la ilegalizada Batasauna Arnaldo Otegi, por haber vulnerado su derecho a la libertad de expresión al sentenciarle a un año de prisión por injuriar al rey Juan Carlos.
Fuentes jurídicas informaron de que la Gran Sala del TEDH ha inadmitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno español contra la condena, dictada el pasado 15 de marzo.
El Tribunal Supremo condenó en el año 2005 a Otegi a un año de prisión por haber cometido un delito de injurias graves al Rey por llamarle �responsable de los torturadores�.
Los magistrados del TEDH concluyeron en marzo pasado que las palabras de Otegi no constituyeron «una afrenta personal y gratuita contra la persona del Rey» ni cuestionaron «su vida privada y su honor personal».
El Tribunal con sede en Estrasburgo consideró que esta condena «fue contraria» al derecho a la libertad de expresión del exportavoz de la ilegalizada Batasuna y vulneró por lo tanto el artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.
VISITA DEL REY
Los hechos tuvieron lugar el 26 de febrero de 2003 cuando, con motivo de la visita del Rey al País Vasco para inaugurar un central eléctrica en la provincia de Vizcaya, Otegi dio una rueda de prensa en la que, en respuesta a la pregunta de un periodista, dijo que la presencia del Monarca en Euskadi era «una verdadera vergüenza».
Además de la visita del Rey, la Audiencia Nacional había ordenado unos días antes el cierre de la redacción del diario �Egunkaria� y la detención de los máximos responsables del periódico editado en euskera.
Otegi aseguró en la rueda de prensa que don Juan Carlos era «el jefe» de los que habían presuntamente sometido a malos tratos a los directivos de «Egunkaria» durante los cinco días que permanecieron incomunicados tras su detención. Definió en este sentido al Rey como «aquel que protege la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo por medio de la tortura y de la violencia».
A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le absolvió en un primer momento, Otegi fue finalmente condenado en el año 2005 por el Tribunal Supremo a un año de prisión por haber cometido un delito de injurias graves al Rey. Un año más tarde el Tribunal Constitucional inadmitió a trámite el recurso del exportavoz de Batasuna, por lo que Otegi decidió acudir al TEDH.
La resolución dictada en marzo por el TEDH aseguraba que las palabras de Otegi nacieron de «una cuestión de interés público en el País Vasco» como fue la visita oficial del Rey «en el contexto del cierre de ‘Egunkaria’ y de la denuncia de malos tratos hecha pública por sus responsable».
EL REY NO ESTÁ LIBRE DE CRÍTICA
Los magistrados señalaban además que si bien el Rey de España «ocupa una posición institucional singular», esta condición «no le pone a cubierto de las críticas legítimas».
«El hecho de que el Rey sea �irresponsable� penalmente en virtud de la Constitución española no puede impedir el libre debate sobre su posible responsabilidad institucional, incluso simbólica, en los límites del respeto a su reputación en tanto que persona», indicaba la resolución.
Las acusaciones de Otegi «podían ser comprendidas como inscritas en el marco de un debate público más amplio sobre la posible responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en los malos tratos denunciados».
Los magistrados tildaban por último de «severa» e «injustificada» la sanción impuesta a Otegi, un año de prisión. Por estos motivos, condenaron al Estado a indemnizar con 20.000 euros a Otegi por los daños morales causados y abonarle 3.000 euros adicionales en concepto de costas.
