Las mujeres embarazadas que estén recluidas en cárceles de Arizona no podrán ser esposadas ni en el momento ni después de dar a luz, de acuerdo con una nueva ley firmada el 21 de marzo de 2012 por la gobernadora Jan Brewer.
La SB1184 prohíbe el uso de esposas o cualquier otro tipo de objeto que restrinja el movimiento en las muñecas o piernas de las mujeres durante su transporte, parto y recuperación del mismo.
Con esta legislación Arizona se une a otros 14 estados del país en prohibir esta práctica.
«El final de esta peligrosa práctica ya se había tardado», dijo en un comunicado de prensa la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) en Arizona que trabajó junto a la impulsora de la medida, la senadora estatal republicana Linda Gray.
La organización de defensa de derechos civiles sostuvo que restringir a una mujer embarazada puede resultar peligroso para la salud de la madre y su hijo.
La legislación fue escrita basada en las regulaciones establecidas por el Departamento de Correccionales de Arizona.
ACLU indicó que en el pasado no existía ninguna ley que prohibiera el uso de esposas en mujeres embarazadas encarceladas por lo que cada prisión y agencia policial estableció sus propias reglas.
En 2011, la mexicana Miriam Mendiola Martínez demandó al alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, y a varios de sus agentes, por «indiferencia» a las necesidades médicas de una mujer en prisión y por la violación de sus derechos al tenerla esposada antes y después de un parto por cesárea en 2009.
Cuando tenía seis meses de embarazo la inmigrante indocumentada fue detenida durante un operativo de Arpaio bajo cargos de robo de identidad.
