En momentos tan difíciles para los inmigrantes indocumentados, la ciudad de Nueva York no solo tiene que lidiar con las decisiones de una Casa Blanca empeñada en levantar muros y deportaciones sino también con quienes se quieren aprovechar de estas aguas revueltas y del temor que existe en esta vulnerable comunidad, según recoge Ana B. Nieto en eldiariony
Esta misma mañana el Departamento de Protección de Consumidores y Trabajadores (DCWP) ha interpuesto una demanda en la Corte Suprema del Condado de Nueva York contra el ecuatoriano Ángel Buitrón, de Buitron Offices & Associates, y Susana T. Abarca, de la oficina de abogados que lleva su nombre, por su presunta participación en una trama para engañar a inmigrantes indocumentados.
En el escrito ante el juez, el DCWP ha pedido al juez una orden para que el negocio de Buitrón deje de operar y que Abarca no trabaje con él.
Buitrón usa tácticas que la demanda considera engañosas para hacerse pasar por abogado, sin serlo, y su clientela se nutre de inmigrantes, especialmente ecuatorianos como él, que acuden a sus oficinas en Jackson Heights (Queens).
«Abrimos este caso con la expectativa de que definitivamente cambien las cosas», comentaba a este diario Lorelai Salas, comisionada del DCWP, quien lamenta que Buitrón se haya mantenido en el mercado defraudando presuntamente a inmigrantes que llegaban a él con más angustia que medios para gestionar un visado u otro salvoconducto para regularizar su situación en EEUU.
Buitrón, que ejerce su labor como «asesor legal» según su tarjeta de presentación, es un conocido de este departamento que ya intentó pararle en una ocasión.
Pero es reincidente.
El año pasado, en estas mismas fechas, El DCWP y Buitrón llegaron a un acuerdo por el que este ecuatoriano se comprometió a pagar una multa ($150,000) por engañar a una serie de inmigrantes con promesas de garantizarles los trámites para conseguir la visa de 10 años. También accedió a devolver $34,050 a consumidores.
El acuerdo llegó después de que el departamento llevara el caso a la New York City Office of Administrative Trials and Hearings (OATH) que es un tribunal administrativo de la ciudad. Entonces le pidieron que respetara la ley y no ofreciera servicios de abogacía porque no podía representar a nadie legalmente al no tener la cualificación para ello, que no cargara excesivas comisiones y que diera a sus clientes documentos traducidos. Antes de que se llegara a la audiencia del caso se llegó al compromiso.
Los consumidores, inmigrantes indocumentados, no tuvieron que testificar y consiguieron la restitución del dinero abonado.
La segunda y la tercera parte del acuerdo no se ha cumplido de acuerdo a lo que han verificado los abogados de la ciudad.
Ni ha pagado la multa, algo por lo que ya se está litigando, ni ha acatado la ley o el acuerdo en cuanto a su trabajo. Es decir, ha seguido haciéndose pasar por abogado.
A finales de otoño, otro ecuatoriano en condiciones personales y económicas difíciles terminó siendo engañado por Buitrón que le mostraba su empatía con sus clientes dadas las raíces comunes. Aunque hablaba a sus clientes en español, los papeles que estos firmabas eran en inglés, no había traducciones y podía llegar a cobrar hasta $30,000 por promesas de ciudadanía.
Según los abogados de la demanda, Buitrón se ha hecho con información confidencial y personal de sus clientes sin el conocimiento de estos y comparte los datos de los casos con Abarca porque él carece de la capacidad de presentarse en Corte. Aunque el ecuatoriano hacía gala de su preparación como reconocido letrado especializado en casos complicados de inmigración la realidad es que no tiene licencia para ejercer en ninguna jurisdicción.
Abarca nunca se reunía con los clientes.
Muchos de sus clientes no se dan cuenta del engaño pero quienes sí que lo hacen son amenazados con violencia física o denuncias a las autoridades de inmigración. Algunos de ellos, lamentan desde el DCWP pagan por servicios que nunca reciben.
Para Salas es decepcionante «ver que miembros de la comunidad actúan en contra de los intereses de sus compatriotas». Salas dice que su oficina está limitada en su jurisdicción pero en este caso se está hablando con la oficina del Fiscal del Distrito de Queens. En el caso ahora abierto lo más que se puede pedir en la jurisdicción civil que está es que Buitrón deje de operar y Abarca deje de colaborar con él. Solo si desobedece de nuevo el juez podría decidir su arresto.
Salas recomienda que los indocumentados que tengan dudas sobre los servicios legales que se les ofrecen «utilicen los recursos de la ciudad, llamen al 311». La comisionada recuerda que además los inmigrantes pueden ponerse en contacto con organizaciones comunitarias que prestan servicios a los inmigrantes para obtener las primeras ayudas.
