La lucha contra la evasión fiscal y el recorte del gasto público son dos de los ejes principales del plan de austeridad aprobado hoy por el Consejo de Ministros italiano que prevé un ahorro de 24.000 millones de euros entre 2011 y 2013.
Italia se une de este modo a otros países europeos como España, Reino Unido, Portugal o Grecia en su objetivo de reducir su déficit con el fin de devolver la confianza a los mercados.
El plan fue aprobado después de casi una hora y media de deliberaciones y será detallado mañana en rueda de prensa por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y el titular de Economía, Giulio Tremonti.
A la espera de la rueda de mañana, los medios de comunicación italianos han difundido el borrador que se discutió en la reunión del Consejo de Ministros y que contemplaba intervenciones para reducir el gasto público, así como en las pensiones y en el ámbito de las pensiones.
Así, se propone la congelación de los salarios de los funcionarios a partir de 2010 y hasta 2013.
En cuanto a las jubilaciones se prevé una intervención para permitir un retraso en el acceso a éstas, mientras que se elevará progresivamente la edad de jubilación de las mujeres hasta llegar a los 65 años en 2016, frente a los 60 años de ahora.
El texto plantea además una amnistía para las viviendas ilegales, una operación que según los cálculos de los medios de comunicación podría permitir recaudar unos 6.000 millones de euros.
Se prevén además recortes en los ministerios y en la financiación de los partidos.
En el ámbito empresarial se plantea un aumento de los impuestos sobre las llamadas «Stocks-Options», los derechos de compra sobre las acciones que tienen los directivos de las compañías, al tiempo se prevé un recorte de entre el 5 y el 10 por ciento de los sueldos superiores a 90.000 y 130.000 euros.
Gran parte del peso del plan de ajuste recaerá además en las regiones que deberán asumir recortes por valor de 10.000 millones de euros entre 2011 y 2012, mientras a las entidades locales y provinciales se les pedirá un aumento progresivo del ahorro hasta alcanzar los 2.100 millones en 2012.
Previos a la reunión de ministros, el Gobierno mantuvo una serie de encuentros con las administraciones locales y los sindicatos, entre los que se han alzado voces discrepantes a las medidas propuestas del Ejecutivo.
El secretario general del sindicato CGIL, Guiglielmo Epifani, lamentó que el mayor «sacrificio siempre se pide a los trabajadores públicos y privados».
«Es un programa que no mantiene un principio de equidad», denunció Epifani.
