El nuevo Gobierno británico dirigido por el conservador David Cameron amenaza con arruinar la orden europea de protección para mujeres maltratadas que promueve España. La presidencia española pretendía un acuerdo político en la reunión de ministros de Justicia de la UE que se celebra este viernes en Luxemburgo. Pero el cambio de postura de Londres, que ha pasado del apoyo a la abstención, deja a España sin la mayoría suficiente para aprobar la norma, explicaron fuentes diplomáticas.
El objetivo de la propuesta española es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. El problema es que en algunos países estas medidas se adoptan en procedimientos penales, en otros como Alemania en procedimientos civiles y otros como Reino Unido tienen un sistema mixto, lo que dificulta crear un instrumento común.
La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, se opone a la propuesta española por considerar que utiliza una base jurídica inadecuada. A su juicio, ello perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo beneficiará a los abogados al aumentar el número de litigios. La vicepresidenta amenazó incluso con llevar este instrumento ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si finalmente se aprueba.
Pese a estos ataques, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, logró el pasado 23 de abril el apoyo de una mayoría suficiente de Estados miembros. Pero la deserción de Reino Unido tras el cambio de Gobierno complica las cosas a Caamaño. La delegación británica ha comunicado a la presidencia que si hay una votación se abstendrá, en cuyo caso la propuesta española quedará derrotada.
Pero también cabe la posibilidad de que el ministro de Justicia no pida un voto sino que se limite a constatar que hay una mayoría suficiente para iniciar las negociaciones con la Eurocámara, que también tiene poder legislativo, según explicaron las fuentes consultadas. En ese caso, se registraría un acuerdo político, tal como quiere España, salvo si algún país pide que se vote.
Los ministros de Justicia de la UE aprobarán además tramitar mediante el mecanismo de ‘cooperación reforzada’ la nueva norma de la UE que determinará la ley aplicable a los divorcios internacionales, cuyo objetivo es reducir los costes y agilizar los procedimientos. Este procedimiento, que se utiliza por primera vez, permite que un grupo de países avance más rápido que el resto, consagrando así la Europa a dos velocidades.
Los países que pidieron el lanzamiento de una ‘cooperación reforzada’ en materia de divorcio son España, Austria, Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Rumanía y Eslovenia. Grecia ha decidido retirarse. Y se han sumado Alemania, Bélgica, Letonia y Malta.
El mecanismo de ‘cooperación reforzada’ –similar al procedimiento que se utilizó para lanzar el euro o el espacio sin fronteras Schengen– se utilizará para los divorcios internacionales porque Suecia ha vetado que la UE apruebe una ley en esta materia. Las autoridades suecas alegaron que no quieren que un tribunal suyo aplique una ley de otro país. Como la legislación de la UE sobre derecho de familia exige unanimidad, la única manera de sortear este bloqueo es mediante la cooperación reforzada.
NEGOCIACIONES SOBRE DATOS BANCARIOS
La reunión de ministros de Justicia irá precedida este jueves por el último encuentro de ministros del Interior bajo presidencia española, que contará con la presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba. Los ministros examinarán la marcha de las negociaciones para cerrar un nuevo acuerdo que permita a los Estados Unidos acceder para investigaciones antiterroristas a los datos bancarios de ciudadanos europeos gestionados por el consorcio Swift.
La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, que ha estado los últimos días en Washington, informará a los Veintisiete de las cuestiones pendientes de acordar. Se espera que el pacto se cierre antes de que acabe junio, según las fuentes consultadas. El objetivo es que esté operativo antes del verano para cubrir el «vacío de seguridad» que se ha creado después de que la Eurocámara rechazara en febrero un acuerdo provisional por considerar que no garantizaba suficientemente la privacidad.
Los ministros del Interior respaldarán además el plan de acción presentado por la Comisión para afrontar el problema de los inmigrantes menores no acompañados, otra de las prioridades de la presidencia española. La mayoría de Estados miembros, entre ellos España, considera que la prioridad debe ser el retorno de estos menores con sus familias en sus países de origen.
Asimismo, aprobarán un Pacto Europeo para Combatir el Tráfico Internacional de Drogas, iniciativa que ha sido promovida por Francia. Las prioridades de este Pacto son combatir las rutas de la cocaína y de la heroína y también los flujos de financiación. Finalmente, los Veintisiete celebrarán un debate sobre las amenazas a la seguridad interior de la UE.
