La Unión Europea revisará los presupuestos nacionales de los Estados miembros antes de su aprobación parlamentaria para verificar que las hipótesis de crecimiento e inflación en que se basan son realistas y evitar así que se repitan crisis de déficit y deuda como la de Grecia, según el acuerdo preliminar alcanzado este lunes por los ministros de Economía de los Veintisiete.
Cada primavera, los Gobiernos deberán presentar sus planes presupuestarios a la Comisión y al resto de Estados miembros. «No se trata de verificarlos en detalle o de que sean decididos por las instituciones europeas. Esto es una prerrogativa de los parlamentos nacionales», dijo el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al término de la reunión.
La UE se limitará a examinar las principales hipótesis que sostienen las cuentas públicas, como la previsión de crecimiento o inflación, así como los principales agregados, como el total de ingresos y de gastos y los objetivos de déficit. «Un Gobierno que presente un plan presupuestario con un alto déficit tendrá que justificarse ante sus pares, los ministros de Economía», destacó Van Rompuy. Y al ser en primavera, «todavía habrá tiempo para ajustar los planes antes de que se presente el presupuesto final».
Esta medida, que ha sido propuesta por la Comisión Europea, fue objeto de «amplio consenso» por parte de los ministros de Economía, según aseguró el presidente permanente del Consejo. Reino Unido se librará de esta revisión por su «especificidad». Los ministros de Economía lograron así superar las reservas que habían expresado algunos países como Alemania o la propia España en la reunión del Ecofin informal que se celebró en Madrid en abril por considerar que la revisión previa de los presupuestos invade competencias nacionales.
Los ministros de Economía de la UE acordaron además activar más pronto las sanciones contra los países que incumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Algunas de las nuevas sanciones se aplicarán incluso antes de que un país supere el umbral del 3% del déficit que fija el Pacto, por ejemplo, si ha ignorado avisos previos o el nivel de deuda aumenta demasiado rápidamente.
«Hasta ahora, sólo se multaba a los que se saltaban el semáforo en rojo del 3%. A partir de ahora, también tendrán problemas los que se salten el semáforo en ámbar», dijo Van Rompuy. Los Veintisiete pidieron a la Comisión que presente propuestas para «un nuevo sistema de sanciones más progresivo y coherente».
Finalmente, los ministros de Economía reclamaron a Bruselas que desarrolle una serie de indicadores para detectar cualquier problema de competitividad entre los países de la eurozona. Estos indicadores funcionarán como una «alerta rápida» y se aplicarán «medidas correctivas» a los países que los ignoren.
Estos acuerdos preliminares se remitirán ahora a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para que los ratifiquen en la cumbre del 17 de junio. El objetivo es llegar a un acuerdo para reforzar el Pacto de Estabilidad en octubre y evitar así que se repita una nueva crisis como la de Grecia.
